SANTIAGO DE CHILE.- La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Lorena Fries, rechazó hoy que se otorguen beneficios penitenciarios para los represores presos por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Fries planteó el rechazo al referirse, en declaraciones a radio Cooperativa, a un proyecto presentado por varios senadores, oficialistas y de oposición, que bajo el rótulo de medidas humanitarias concede beneficios a presos gravemente enfermos y de avanzada edad, que es rechazado por organizaciones de derechos humanos.
Miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se encadenaron ayer lunes a las rejas de la sede del Congreso en Santiago para manifestar su repudio a la iniciativa.
Para Fries, en Chile hay beneficios intrapenitenciarios y de libertad condicional que ya están regulados por decretos y por la ley y señaló que las medidas humanitarias no constituyen «un estándar de derechos humanos a nivel internacional».
Eso quiere decir que «no hay obligación de hacerlo ni de no hacerlo», recalcó, precisando que en términos generales «es un tema de deliberación democrática«, en el que sí cabe «hacer distinciones entre aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad y los que están condenados por delitos comunes».
En el caso de los violadores de los derechos humanos, Fries dijo que otorgarles beneficios humanitarios debe ser «un punto de llegada, que requiere pasos previos.
«Yo no creo que podamos decir ‘no’ definitivamente, pero cuando todavía hay verdad que no ha salido a la luz y muchos de esos casos tienen que ver con aquellos que hoy día están condenados en Punta Peuco», añadió, en alusión a la prisión especial construida para los violadores de derechos humanos a 35 kilómetros al norte de Santiago.
«Cuando todavía no se abre el campo de asesoría legal del Estado para las víctimas de tortura, para mí no corresponde otorgar beneficios», apuntó.
Fries también se refirió a los roces que el INDH ha tenido últimamente con Carabineros, por criticar el comportamiento policial durante las manifestaciones, indicando que en realidad esa «tensión» puede ser positiva.
«La tensión que hay entre las fuerzas del Estado y el INDH es positiva, ya que Carabineros no está acostumbrado a que un organismo civil de derechos humanos fiscalice su actuación», consideró.
Respecto de los sectores que cuestionan su gestión al frente del INDH y la propia existencia del organismo, opinó que «hay intereses por parte de algunos sectores y medios de comunicación que no les gusta la existencia del INDH», y subrayó que «en todo momento hay que tratar de decir cómo mejorar las cosas y qué cosas se deben evitar».
En Chile, según cifras oficiales, durante la dictadura (1974-1990) de Augusto Pinochet unas 3,200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1,192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33,000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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