SANTIAGO DE CHILE.- Representantes de distintas organizaciones sociales de Chile iniciaron este lunes una acampada en el centro de Santiago para denunciar la «sordera» del Gobierno a la hora de atender las demandas del estallido social, que está a punto de cumplir dos meses y es el más grave de la democracia, con al menos 24 muertos.
«A 53 días de una lucha intensa y extensa de todo el pueblo chileno exigiendo justicia y dignidad, la sordera de las autoridades nos obliga a mantener la movilización y buscar nuevas formas para hacernos escuchar», afirmó el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores «No+AFP», Luis Mesina.
El campamento, formado por una docena de tiendas, se estableció en una plaza pública ubicada a poco metros del Ejecutivo chileno, entre la sede del Congreso en Santiago -el edificio principal está en la ciudad costeña de Valparaíso- y el Palacio de los Tribunales de Justicia, que alberga la Corte Suprema y otras instancias judiciales.
«No aceptamos las respuestas del Gobierno y sus voceros que dicen entender la demanda popular, pero solo ofrecen bonos y subsidios temporales con cargo a las arcas fiscales manteniendo y profundizando la enorme desigualdad existente en el país», agregó el activista.
En la iniciativa participaron las organizaciones que forman parte de la llamada Mesa de Unidad Social y entre las que se encuentran el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales o el movimiento «No+AFP», que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones de Chile (AFP).
«No solo queremos una Asamblea Constituyente que sea soberana, partidaria y plurinacional, sino que también podamos avanzar en ciertos requerimientos que la ciudadanía tiene y que tienen que ver con el problema de las pensiones, la salud digna o el fin de la deudas de los estudiantes», explicó a Efe Gabriela Farías, dirigente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS).
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Lo que empezó siendo un llamado de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa el pasado 18 de octubre se convirtió en una revuelta social en la que se clama por un modelo económico más justo y que carece de líderes identificables, aunque la Mesa de Unidad Social ha ido cobrando protagonismo en los últimos días.
Representantes de esta plataforma social se reunieron hace dos semanas con el Gobierno chileno por primera vez en medio de la crisis y plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de aumentar el salario mínimo de los actuales 301,000 (374 dólares) a 550,000 pesos (664 dólares) y cambiar el sistema de pensiones.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de extrema violencia, pese a las tímidas medidas sociales anunciadas por el Gobierno al inicio de la crisis y al histórico acuerdo parlamentario para cambiar la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
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