SANTIAGO DE CHILE.- La Fiscalía Nacional de Chile solicitó hoy la formalización de cinco políticos conservadores, incluidos un diputado y un senador, por su presunta vinculación en la financiación ilegal de campañas electorales a través de las empresas del grupo Penta y la minera Soquimich (SQM).
Según informaron fuentes judiciales, los políticos que serán imputados por delitos tributarios son el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy, los exparlamentarios Alberto Cardemil y Jovino Novoa, y el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, todos de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Se trata de los primeros políticos que serán formalizados en el marco de la investigación de los casos de corrupción político-empresarial que involucran al grupo Penta y a SQM, sospechosas de financiar a políticos a través del pago de boletas de honorarios por servicios nunca prestados.
La fiscalía cree que los cinco representantes de la UDI entregaron facturas falsas a esas empresas para recaudar fondos para sus actividades políticas y permitió a las compañías rebajar la carga tributaria y pagar menos impuestos.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, que lidera personalmente la investigación de estos casos, confirmará públicamente en los próximos días los nombres de los políticos, que serán imputados en el octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En una primera etapa del proceso, la fiscalía imputó a los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quienes estuvieron varias semanas en prisión preventiva y actualmente cumplen arresto domiciliario a la espera de que se realice el juicio.
La semana pasada también fueron imputados Patricio Contesse, exgerente general de Soquimich, y otros dos ejecutivos de la empresa, controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el arresto domiciliario total y arraigo nacional (prohibición de salir del país) para Patricio Contesse, tras rechazar un recurso de la fiscalía que pedía cambiar la medida por prisión preventiva.
El caso Penta empezó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores del grupo, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.
La investigación a Soquimich surgió como un apartado dentro caso Penta e involucra a representantes de todo el arco político, incluido el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, que en el 2013 emitió boletas a un operador político que a su vez recibió dinero de la minera.