SANTIAGO DE CHILE.- El presidente chileno Sebastián Piñera, sorteó este jueves el juicio político que buscaba asignarle responsabilidades políticas por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas, proceso que podía desembocar en su destitución.
La Cámara de Diputados rechazó la acusación que pendía sobre el mandatario por haber «infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada».
Para ello se valió del oficialismo y de algunos diputados opositores del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que con 79 votos a favor -frente a 73- acogieron la llamada «cuestión previa» de la acusación, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política, tal como argumentó la defensa del presidente.
De esta manera se puso fin a la causa sin que llegase a debatirse en su fondo, y se entiende como no interpuesta.
El proceso
El procedimiento por el que se juzgaba la responsabilidad política de Piñera se denomina «acusación constitucional» y faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad, que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
La acusación constitucional contra el mandatario fue presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, y este miércoles una comisión de cinco diputados elegida al azar, que resultó de mayoría opositora, aprobó por tres votos frente a dos su admisibilidad para que esta llegara al Pleno en esta jornada.
Para que el proceso prosperase se requería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados chilena se sitúa en los 78 votos, y si bien la oposición cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, varios diputados opositores ya se había mostrado con anterioridad contrarios a la acusación contra el presidente, como acabó sucediendo.
Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo.
La defensa de Piñera
El debate, que se extendió por seis horas, comenzó con la exposición de la defensa del presidente, ejercida por el abogado Juan Domingo Acosta.
Acosta refutó la procedencia formal del libelo acusatorio y la correspondencia del caso con los requerimientos constitucionales, alegando que no se asignan a Piñera «actos de su administración», sino omisiones por «posibles» actos de terceros relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales, y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren.
«Se vulnera el debido proceso al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta», agregó Acosta en su exposición.
Las reacciones
Tras el rechazo de la acusación constitucional, la ministra portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, afirmó en Twitter que «Hoy se ha hecho justicia. Agradecemos a los diputados que decidieron no respaldar una acusación sin fundamentos y que sólo dañaba nuestra institucionalidad».
En un sentido similar se manifestó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien dijo que «la acusación no tenía mérito ni fundamento».
Por contra, desde la oposición se criticó a los diputados que no permitieron que la acusación avanzara y fuese al menos discutida en su fondo.
«La pregunta que hay que hacerle a los parlamentarios del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que votaron con la derecha, es ¿qué le faltaba a la acusación en la forma para que ellos no permitieran dar el debate?», dijo a la prensa el diputado Jorge Brito, de Revolución Democrática.
El diputado socialista Jaime Naranjo dijo que con este resultado se ha establecido la «impunidad política» de Piñera, pero que «desde el punto vista moral, ético y social, no tiene impunidad».
El pasado 18 de octubre comenzó el estallido social chileno contra el modelo económico neoliberal del país, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta el momento han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.
Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.
EFE/Rubén Figueroa
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