SANTIAGO DE CHILE.- Una treintena de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se encadenaron hoy frente a la Corte Suprema de Santiago para protestar en contra de los beneficios carcelarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
«No bastó con que la Corte Suprema no acogiera ningún recurso de amparo y permitieran que nuestros familiares desaparecieran hasta el día de hoy, sino que a 42 años del Golpe de Estado, los pocos criminales que logramos condenar son tratados como víctimas y saldrán en libertad», dijo a Efe la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
«Hablan de pobres ancianos, contra quienes se comete una injusticia al mantenerlos en la cárcel, porque están viejos y enfermos, pero la verdad es que siguen siendo igual de criminales que el primer día. Se han burlado del dolor ajeno», aseveró la dirigente.
Estas personas, al igual como lo hicieron en el año 1979, en plena dictadura, se encadenaron este lunes a la reja del Congreso de Santiago, porque «el poder judicial es un cómplice activo de la impunidad, así como lo fue de los crímenes» durante el régimen de Pinochet, señaló Pizarro.
«En estas mujeres también pasaron los años, varias tienen entre 70 u 80 años y por el silencio de esos criminales nunca han encontrado la verdad, nunca han visto que se haga justicia, y nunca han sabido que pasó con sus familiares», declaró.
Agregó que en Chile «no hay justicia», y acusó al senador derechista Hernán Larraín y al independiente y también periodista, Alejandro Guillier, de «hacer eco» de lo que ocurre en el poder judicial, en relación a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
«Esta acción contraviene el derecho internacional humanitario, y como si fuera poco, nuestros senadores buscan caminos para liberar a estos criminales. No estamos dispuestos a tremenda aberración», espetó la líder.
Miembros de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos protestan por la entrega de beneficios carcelarios a condenados de crímenes de lesa humanidad. EFE/Mario Ruiz
La organización criticó también la existencia del penal Punta Peuco, donde actualmente cumplen condena los encarcelados por violaciones a los derechos humanos, ya que «es un recinto especial, construido solo para los presos por estos crímenes».
La Corte Suprema cuestionó recientemente la evaluación de Gendarmería a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
A raíz de esto, la Tercera Sala acogió una serie de recursos de protección, para que estos presos fueran reevaluados para poder acceder a beneficios como libertad vigilada o salidas dominicales, entre otros.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3,200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1,192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33,000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.