Dos nuevos derrames de petróleo en menos de un mes en el oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, han afectado ya al menos 1.230 familias indígenas, indicaron este viernes grupos de derechos humanos y sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) informaron que uno de los incidentes ocurrió el 18 de junio en la región del Loreto y el segundo a comienzos de julio en la región del Amazonas.
«Los Estados deben cumplir en todo momento con su deber de garantía de los derechos humanos frente a las actividades, planes o proyectos que se realizan en los territorios indígenas», afirmó la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
La funcionaria recordó que «la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han enfatizado la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con las tierras tradicionales, como con los recursos naturales que se encuentran en ellas».
«Esa conexión es necesaria para su supervivencia física y cultural», dijo Urrejola.
Tras los derrames, el Ministerio de Salud de Perú «habría declarado una emergencia sanitaria de 90 días en las comunidades nativas afectadas, y agentes de la Fiscalía habrían iniciado investigaciones», señaló el comunicado conjunto.
De acuerdo con la Defensa Civil peruana, por lo menos 1.230 familias nativas se han visto afectadas por la fuga de crudo, «por lo cual se ha tenido que generar acciones para abastecer de agua potable a la población».
«La CIDH y su REDESCA también conocieron que, en protesta por lo ocurrido, los pueblos afectados por la actividad petrolera, que conformarían 54 federaciones indígenas de 12 cuencas, habrían anunciado una huelga indefinida», indicó el comunicado.
REDESCA recordó que durante 2017 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger diferentes derechos de las comunidades de Cuninico y San Pedro, en Perú, debido a derrames petroleros similares.
En julio de 2018, la CIDH efectuó una visita y recogió documentación sobre los riesgos contra la vida, la integridad personal y la salud de la población afectada por la actividad petrolera «así como denuncias acerca del impacto sobre el derecho a un ambiente sano, el agua y la alimentación».
«La Comisión y su Relatoría Especial instan al Estado peruano a tomar acciones urgentes para suspender los impactos negativos sobre el medio ambiente producto de los hechos descritos, así como involucrar a las comunidades indígenas afectadas en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos en estos contextos», señaló el comunicado.
EFE/Foto referencial