El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la operación Chavín de Huántar fue un esfuerzo para rescatar a los rehenes del MRTA, y desestimó la responsabilidad del Perú en presuntas ejecuciones extrajudiciales, señaló el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
“La sentencia es enfática en afirmar que la operación fue destinada a la liberación de rehenes; no tuvo, por tanto, como propósito ir a matar delincuentes terroristas”, agregó el titular de Justicia, Gustavo Adrianzén, tras que señalar para la Corte, resultaba legítimo que el Estado peruano use la fuerza para garantizar la vida de los rehenes.
Gustavo Adrianzén destacó que la sentencia haya desestimado la pretensión de quienes buscaban que el Estado peruano sea declarado responsable de las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra tres emerretistas.
Precisó que la Corte ha indicado “con absoluta claridad” que no encuentra ningún elemento que haga presumir la responsabilidad del Estado peruano respecto a las circunstancias de esas muertes.
No obstante, indicó que en el caso del subversivo identificado como Eduardo Cruz Sánchez, alias “Tito”, el fallo hace un llamado al Estado para que continúe con las investigaciones.
Gustavo Adrianzén dijo, además, que la sentencia del tribunal supranacional reconoce parcialmente la responsabilidad internacional del Estado peruano y está referida principalmente a lo que en términos jurídicos es conocido como “plazo razonable”.
Es decir, indicó, si los hechos ocurrieron el año 1997 y estando en el año 2015 con temas aun por investigar, el Perú está siendo encontrado responsable por los años transcurridos sin que haya una definición.
También dio a conocer que en noviembre del año pasado la 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima resolvió abrir investigación y citar a Jesús Zamudio, actualmente reo contumaz; Raúl Robles Reynoso, Marcial Torres Arteaga, así como al ciudadano japonés Hidetaka Ogura, para determinar las causas de la muerte del fallecimiento del terrorista “Tito”.
Jesús Zamudio, actualmente prófugo de la justicia, ha sido señalado como uno de los que lideró al presunto grupo de infiltrados que ingresó a la residencia a asesinar a los terroristas capturados vivos.
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Robles Reynoso, Torres Arteaga y Hidetaka Ogura son los dos policías y el diplomático japonés que aseguran haber visto con vida y capturado a «Tito».
Gustavo Adrianzén destacó que la sentencia de la Corte no ordena ningún tipo de pago de reparación económica a favor de los familiares de las víctimas, aunque sí dispone reintegrar los costes y gastos judiciales. (ECHA- Andina)