La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy al gobierno de Honduras que adopte medidas para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión en ese país centroamericano.
«Nos preocupa mucho el tema de la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras», dijo el secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en declaraciones a la prensa en un acto público en Tegucigalpa.
Honduras y México son los países de América Latina «donde más riesgo corren» los comunicadores, resaltó Álvarez.
El secretario general de la CIDH instó al gobierno hondureño, especialmente a la Justicia, a «tomar las medidas necesarias» para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes y ataques contra periodistas en este país, donde unos 60 comunicadores han muerto violentamente desde el 2003.
«El Estado hondureño, en particular la Justicia, tiene que tomar todas las medidas necesarias para investigar y detener a los responsables de amenazar o atacar a un periodista; no puede haber una condición de restricción o sacar a periodistas del aire», enfatizó Álvarez.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) noviembre 16, 2015
Una ley que busca proteger a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de Justicia en Honduras, aprobada en abril pasado, entró en vigor en junio, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. El texto, promovido por el oficialismo, crea nuevas medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos.
.@CIDH llama a terminar con la impunidad en crímenes contra periodistas https://t.co/a9NDf5jUib #EndImpunity pic.twitter.com/1mommztS6U — Crónica Viva (@cronica_viva) noviembre 7, 2015
Álvarez expresó también que «es preocupante» la falta de cumplimiento de las medidas cautelares que la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha dictado en el pasado a favor de hondureños, aunque no hizo ninguna referencia en particular.
«Existe la necesidad de atender y cumplir medidas cautelares, es parte de nuestras preocupaciones», enfatizó.
Además, exhortó a Honduras a «cumplir la sentencia» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), publicada el pasado 10 de noviembre, en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó al Estado hondureño la restitución de los jueces Adán Guillermo López Lone y Luis Alonso Chévez de la Rocha, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
El juez Ramón Enrique Barrios Maldonado ya había sido restituido en el 2011 por la Corte Suprema de Honduras. EFE