La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un comunicado de preocupación por la sucesión de asesinatos a periodistas y comunicadores en Honduras e insta al Estado a que investigue exhaustivamente bajo la hipótesis de que estos crímenes estuvieron motivados por el ejercicio de la actividad periodística.
De acuerdo a la información disponible, ocho comunicadores han sido asesinados en estos meses de 2015: los periodistas Carlos Fernández, del Canal 27 de Roatán, y Juan Carlos Cruz Andara, del canal Teleport de Puerto Cortés, el comunicador Artemio Deras Orellana, de la radio 94.1 La Voz de los Profetas de Lempira, el locutor Franklin Johan Dubón, de Radio Sulaco de Yoro, el operador Erick Arriaga, de Radio Globo de Tegucigalpa, los camarógrafos Deibi Adalí Rodríguez, del canal 13 Telemásde Copán, y Cristel Joctán López Bermúdez, del Canal 12 de Comayagüela, y el empresario Aquiles Torres Alvarenga, propietario del canal 67 Taulavisión de Comayagua. También fue asesinado Jacobo Montoya Ramírez, hermano de dos periodistas de San Pedro Sula, en circunstancias que podrían estar vinculadas con la actividad laboral de sus familiares.
Esta serie de asesinatos podría formar parte de una situación de ataque a la prensa que se ha registrado en Honduras desde 2009, señala la CIDH.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.
Al respecto, Frank la Rue, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, recomendó al Estado de Honduras en el marco de una visita oficial en 2012 que “todo caso de violencia contra periodistas, así como contra defensores de derechos humanos, debe presumirse inicialmente como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario”.
La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como implementar los mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística.
Tras la visita in loco a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH reiteró que “es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes de campesinos, personas privadas de libertad, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores, mujeres, personas LGBT, y a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos. El mantenimiento de la impunidad no sólo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el Estado”.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.