Alrededor de 500 jóvenes y activistas de derechos humanos marcharon hoy por el centro de Lima para protestar contra el «autogolpe» del expresidente Alberto Fujimori, del 5 de abril de 1992, en el que disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial.
Los manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín y marcharon hacia el Palacio de Gobierno, custodiados por la Policía Nacional, portando carteles que decían «Fujimori nunca más» y «no más 5 de abril».
En la casa de gobierno, los jóvenes también lanzaron arengas contra las esterilizaciones forzadas denunciadas en el gobierno de Fujimori (1990-2000) y luego marcharon de vuelta a la Plaza San Martín.
El congresista Kenji Fujimori declaró hoy que «sólo la historia juzgará» el autogolpe dado por su padre, al cumplirse 23 años de esa medida que ordenó el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial de Perú, entre otras entidades públicas.
A través de su cuenta en Twitter, el legislador escribió que «el 5 de abril (de 1992) fue medida extrema excepcional e irrepetible dictada desde el infierno que era el Perú».
El hijo menor del sentenciado exmandatario agregó, en otro mensaje, que «el 5 de abril no es fecha para celebrar pero tampoco para manoseo (uso) político».
«Si hoy estuviera en la oposición de entonces (el presidente Ollanta) Humala ya estuviera vacado», señaló Fujimori.
De otro lado, el abogado Carlos Rivera escribió, también en Twitter, que «el golpe de Estado del 5/04 fue una pieza clave para desarrollar el plan criminal de corrupción y sustracción sistemática de dinero público».
Rivera defendió a las víctimas de abusos de los derechos humanos en los casos por los que el exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de las seis condenas por cargos de corrupción con penas menores.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional (AI) se pronunció ayer a favor de recordar el «autogolpe» de Fujimori para que «no se vuelvan a repetir regímenes dictatoriales ni violaciones a los derechos humanos».
La organización civil señaló que la suspensión de ciertos derechos, la no independencia ni separación de los poderes públicos, así como la corrupción y la impunidad socavaron la institucionalidad democrática del país.
El expresidente Fujimori (1990-2000) disolvió el Congreso de entonces e intervino el Poder Judicial para emprender una reforma del Estado que facilitó el control total sobre el aparato público e introdujo la reelección presidencial inmediata en la Constitución de 1993.
