La Comisión de Fiscalización aprobó pedir ante el pleno del Congreso facultades investigadoras para poder continuar con las indagaciones relacionadas al presunto abandono del cargo por parte de la presidenta Dina Boluarte al someterse a una cirugía estética a mediados del 2023.
La votación de este martes 21 de enero concluyó con ocho votos a favor, incluyendo la del presidente de la comisión, Juan Burgos, 0 en contra y cuatro abstenciones, lo que permitirá que la comisión tenga facultades para seguir investigado este caso por el cual ya ha invitado a exministros y funcionarios del Gobierno.
Los cuatro votos en abstención fueron de Noelia Herrera (Renovación Popular), Jorge Marticorena (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y Elvis Vergara (Acción Popular).
Previamente en declaraciones a la prensa, Burgos había evitado adelantar opinión sobre la posibilidad que se apruebe la moción de facultades investigadoras, pero expresó que serán los votos los que determinen el proceder de su grupo de trabajo. “Seremos respetuosos de la democracia. Si no desean investigar, nosotros seremos respetuosos de ello”, expresó.
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Durante el debate, Jorge Marticorena mencionó que, si bien era importante investigar el presunto abandono de cargo de Dina Boluarte, el caso ya estaba en manos del Ministerio Público.
“En este caso, yo voy a votar en abstención. Hay otros temas más centrales que realmente ameritan la Comisión de Fiscalización y la crisis de inseguridad que hoy tiene el país debe ser el tema central”, exhortó.
En respuesta, Juan Burgos aseguró que se han priorizado otras denuncias de corrupción vinculadas a sectores como Essalud e inseguridad ciudadana. “No estamos actuando de forma parcializada”, acotó.
Juan Burgos responde a Alejandro Soto
Antes de la sesión de este martes, el presidente de la Comisión de Fiscalización respondió a Alejandro Soto (APP), expresidente del Congreso que rechazó a través de un oficio que vaya a acudir a la invitación para que declare por el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso y la contratación de Jorge Torres Saravia, quien es considerado como el principal involucrado en este escándalo durante su gestión.
Según Soto, la comisión estaría usurpando funciones del Ministerio Público al investigar algo que ya se encuentra a cargo de la fiscalía de trata de personas, algo que Burgos rechazó.
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