Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron que la justicia peruana imparta una condena ejemplar a los militares peruanos acusados de participar en la masacre de Accomarca, que dejó 69 civiles muertos en 1985, y cuyo juicio culminará este miércoles con la lectura de la sentencia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) manifestaron su apoyo a la «larga y valiente lucha en su búsqueda por la verdad y justicia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas», según un comunicado difundido hoy en medios.
Las organizaciones consideraron que «una sentencia ejemplar que condene a los responsables materiales y mediatos (con dominio del hecho), y que además otorgue una reparación integral a las víctimas, es indispensable para la construcción de un Estado de derecho y para dar un paso contra la impunidad».
Argumentaron que la Fiscalía y los abogados de la parte civil «han aportado abundante material probatorio que demuestra la responsabilidad criminal directa de Telmo Hurtado como autor material, y la responsabilidad de los altos mandos militares que planificaron, ordenaron y luego encubrieron la masacre».
El secretario ejecutivo de la CNDDHH, Jorge Bracamonte, aseguró que «la justicia peruana tiene una enorme deuda con las víctimas de Accomarca» al argüir que el caso «perduró muchos años en la impunidad, y cuando llegó a juicio este demoró casi seis años».
«Se trata de una situación intolerable tanto para las víctimas como para los imputados. Esperamos de los magistrados una sentencia ejemplar», reiteró Bracamonte.
La asesora principal de WOLA, Jo-Marie Burt, afirmó que «ha quedado demostrado que la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva, sino el resultado de una política estatal de luchar contra la subversión con violencia indiscriminada contra la población civil».
Burt señaló que los familiares tienen derecho a una reparación integral, no sólo por los daños causados por la muerte de sus familiares, sino también por los largos años de impunidad.
«La justicia no sólo busca el castigo de los responsables, también busca dignificar a las víctimas que por tantos años han sido relegadas y olvidadas», agregó Burt.
La CNDDHH y WOLA calificaron la masacre como «uno de los crímenes más atroces y recordados del conflicto armado interno», que enfrentó a la organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano entre 1980 y 2000.
Según los relatos de los testigos, el Ejército incursionó el 14 de agosto de 1985 en el riachuelo de Lloqllapampa, en la región de Ayacucho, situada en los Andes del sur del país, y mató a 69 personas, la mayoría ancianas, mujeres y niños.
Los militares negaron que hubiera sucedido la masacre, y ante una investigación abierta por el Congreso de la República, intentó encubrir el crimen asesinando a los testigos, según la CNDDHH y WOLA.
Los restos de las víctimas de Accomarca fueron exhumados pero hasta ahora no han sido entregados a los familiares porque solo unos pocos han logrado ser identificados, ya que la mayoría de los cuerpos fueron carbonizados.
El conflicto interno entre los movimientos subversivos y el Estado peruano dejó 69,000 muertos, la mayoría a manos de Sendero Luminoso, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
