Previo al inicio del año escolar, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) verificó el estado del servicio de agua potable en 6,393 colegios públicos, ubicados en el ámbito de las 50 empresas prestadoras (EPS), con una población estudiantil de 2,461,305 alumnos.
Se encontró que, a enero de 2025, 1,459 (23 %) instituciones educativas tenían deudas de dos meses a más en sus recibos y que 291 (5 %) tenían el servicio cortado por deuda.
Esta evaluación, que se realiza desde hace tres años, mostró que, a enero de 2023, se tenían 1,391 centros educativos con deudas superiores a 2 meses y con una deuda de S/2,728,165. En tanto, a enero de 2024, los colegios con deudas aumentaron a 3,134 y el monto a S/5,182,341.
Se destaca que, a enero de 2025, se redujo en 44 % la cantidad de centros educativos con deudas pendientes, en comparación al 2024. La cifra pasó de 3,134 a 1,750 instituciones. No obstante, el monto total de la deuda subió y se calculó en S/5,741,605.
Esta estimación se concentraría en centros educativos de los siguientes ámbitos: Lima y Callao (S/3,242,198), Arequipa (S/512,234), Cusco (S/305,196), Lima provincias (S/248,272) y Seda Loreto (S/216,555).
El mayor número de colegios con deudas pendientes, a enero de 2025, se ubican en Lima Metropolitana y Callao (662), Loreto (126), Puno (122), Ica (122), Lima Provincias (101) y Arequipa (92). Hay regiones que no tienen deudas con sus prestadores de agua, como Amazonas, Huancavelica, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco y Tumbes.
Se verificó también que 755 colegios (43 %) de los 1,750 con deuda o cortados a enero de 2025, reinciden respecto al mismo periodo en 2024. Estos se ubican mayormente en Puno (81 %), Ica (64 %), Loreto (63 %), Lima Provincias (61 %) y Lima Metropolitano y Callao (52 %).
Con el fin de evitar que la comunidad educativa se perjudique, la Sunass alertó sobre esta situación al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, para que prioricen el pago de los montos adeudados. Si bien la norma indica que, si una deuda por agua potable supera los dos meses, este puede ser cortado, son los prestadores los que deciden si cortar o no el servicio al tratarse de instituciones educativas.