CARTAGENA (Colombia).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará a partir de mañana en la ciudad colombiana de Cartagena su 52 Período Extraordinario de Sesiones, en el que analizará en audiencias públicas cuatro casos de Ecuador, Guatemala, Chile y El Salvador.
Este organismo judicial, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene sede en San José de Costa Rica, celebrará también en los cinco días de sesiones los seminarios «Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y su importancia en las Américas» y «Justicia transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos».
El primer caso que será abordado en las audiencias públicas será el de la presunta responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano «por la afectación a la vida digna e integridad personal de Talia Gonzáles Lluy, como consecuencia del contagio con VIH tras una transfusión de sangre que se le realizó el 22 de junio de 1998, cuando tenía tres años de edad».
Según la demanda, en el caso de esta transfusión, el Estado supuestamente no cumplió adecuadamente su papel de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan servicios de salud, señaló la Corte en un comunicado.
La CorteIDH también examinará «la alegada responsabilidad internacional de Guatemala por el incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velásquez Paiz».
Esta joven desapareció el 12 de agosto del 2005 y su cadáver fue encontrado al día siguiente «con señales presuntamente provocadas por actos de extrema violencia, incluida violencia sexual».
El mismo día de su desaparición, sus padres acudieron a interponer una denuncia ante las autoridades pero se les indicó que debían esperar 24 horas, por lo cual se considera que el Estado «no habría adoptado medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección» de la chica durante las primeras horas tras tener conocimiento del caso.
El tercer caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Chile por la alegada denegación de justicia en perjuicio de doce personas por «la supuesta falta de investigación de oficio y diligente de los hechos de tortura sufridos por las presuntas víctimas en el marco de la dictadura militar» de los años 70.
También se analizará la demanda por la presunta privación de libertad del ciudadano salvadoreño Ruano Torres, ocurrida el 17 de octubre del 2000 en su propia casa, y «quien supuestamente habría sido maltratado frente a su familia», lo que puede constituir el delito de tortura, agregó la institución.
Durante este periodo de sesiones, que concluirá el próximo viernes, la Corte de DDHH, presidida por el juez colombiano Humberto Sierra Porto, también examinará diversos casos, medidas provisionales y cumplimiento de sentencias que se encuentran bajo su conocimiento, así como asuntos administrativos. (EFE)