Los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Iván Duque y Ernesto Samper han expresado su rechazo a la posibilidad de abrir un proceso constituyente como consecuencia de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o las actualmente en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los cuatro han manifestado, a pesar de sus diferencias ideológicas, que «no es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Acuerdo de Paz de La Habana suscrito entre el Estado y las FARC: sería una Constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional», en palabras de Samper, presidente entre 1994 y 1998.
El domingo fue Santos (2010-2018) quien advirtió de que «usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo» porque «esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación».
«La Asamblea Constituyente sólo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otras vías se enfrentaría con el Poder Legislativo, Judicial, las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de colombianos», advirtió.
Duque (2018-2022), por su parte, ha denunciado que «buscan una Constituyente sin seguir los procedimientos constitucionales, con el fin de perpetuarse en el poder, utilizando como pretexto el Acuerdo con las FARC o un eventual contrato por adhesión a las pretensiones del ELN».
«El presidente debe cumplir su mandato hasta el 7 de agosto del 2026, ni un día más ni un día menos. Cualquier intento de violar la Constitución debe ser respondido con firmeza por toda la institucionalidad», ha añadido.
Mientras, Duque (2002-2010) recordó hace unos días que «todo el ejercicio popular, el derecho pueblo del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa la constituyen la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución».
Pastrana (1994-1998) abordó la cuestión en una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que también apoyó Duque en la que «alertan sobre la deriva autoritaria que pudiera significar tal planteamiento» de Petro «a la luz de las experiencias del socialismo del siglo XXI en Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007, 2008)».
Samper es el único que respalda un proceso constituyente, aunque apela a un «acuerdo nacional» en el que los partidos políticos representados en el Congreso acuerden los puntos clave de una reforma constitucional que se tramitaría antes de terminar el mandato de Petro.
La polémica tiene su origen en el primer punto de las negociaciones pactado en Caracas entre el Gobierno y el ELN, relativo a la participación de la sociedad civil, que ha despertado recelos sobre el modelo político y económico del país.
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Fuente Europa Press / foto X