BOGOTÁ (Colombia).- Oficiales del Ejército colombiano están involucrados en actos de corrupción, incluida la venta de armamento a bandas de narcotraficantes y disidencias de las FARC, según una investigación interna de esa institución cuyos pormenores fueron publicados este domingo por medios locales.
La «Operación Bastón», nombre de la investigación, involucra a 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles que tienen «diversos niveles de responsabilidad y participación en los diferentes delitos que aparecen documentados», detalla la revista Semana.
Entre los hallazgos de la investigación de contrainteligencia militar está que un general vendía armas a la guerrilla de las FARC y luego a sus disidencias; las alianzas de otro con narcotraficantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la venta de armas y salvoconductos a miembros de la mafia conocida como Oficina de Envigado.
Según Semana, la investigación comenzó en el 2017 a partir de las recomendaciones que hizo a Colombia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando aceptó al país como su primer «socio global» latinoamericano.
La operación también fue desvelada tan solo quince días después de que Semana publicara la investigación «Las carpetas secretas», según la cual miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre del 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.
Negocios con guerrilleros y bandas
Entre los 57,538 documentos, contratos, videos y entrevistas que respaldan las investigaciones de la «Operación Bastón», algunos involucran a un general que vendía información a las FARC y luego a sus disidencias.
«De acuerdo con lo mencionado por la fuente, el grupo armado organizado (…) recibió información por parte del señor general, la cual fue recompensada con dádivas, situación que se habría presentado en diferentes oportunidades», dice uno de los apartes del archivo relacionado con el oficial y publicado por semana.
Incluso hay un video en el que una guerrillera del Frente Décimo de las FARC cuenta cómo le entregó 2,000 millones de pesos (unos 511,000 dólares) al general en cuestión, cuyo nombre no fue publicado para no entorpecer la investigación y quien pidió su retiro antes de que culminaran las pesquisas.
También hay evidencias de que un general y 12 oficiales protegían y trabajaban con bandas dedicadas a la minería ilegal y con el Clan del Golfo en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Cauca, en el suroeste del país.
Sin embargo, reseña Semana, esta investigación «no encontró el respaldo necesario y por diferentes razones la información que los militares entregaban a los fiscales se fugaba o sencillamente terminaba engavetada».
Presupuesto mal manejado
La investigación también menciona el caso de corrupción al que está vinculado Jorge Horacio Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1,000 millones de pesos (unos 390,000 dólares de hoy).
Esto ocurrió, según otro reportaje publicado Semana el año pasado, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer por medio de «maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo».
Romero también «habría montado en la Cuarta Brigada» un esquema para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.
Persecución interna
Ante estas denuncias, asegura Semana, se inició una persecución dentro de la institución contra quienes hicieron parte de las investigaciones.
Según información publicada en julio pasado, el entonces jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.
Eso provocó que gran parte de las investigaciones de la «Operación Bastón» quedaran congeladas el año pasado.
Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó esta semana que «esos trabajos que vienen desarrollándose desde el 2017 continuarán y se tomarán las decisiones que correspondan según los resultados que esas averiguaciones arrojen».
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