BOGOTÁ/Colombia.- Cerca de dos semanas después de que las FARC completara su dejación de armas, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos autorizó este lunes la amnistía de 3,252 rebeldes acusados de delitos políticos.
Asimismo dio por cerrados los casos de los que solo tienen cargos por rebelión y delitos relacionados, como porte ilegal de armas, que podrán abandonar las zonas de desarme y que incluyen a la gran mayoría de los más de 7,400 exguerrilleros.
Aunque falta revisar algunos expedientes, el resto de guerrilleros, unos 3,000, debería comparecer ante los tribunales especiales de paz.
Los que reconozcan su participación en el conflicto quedarán exentos de penas y solo pagarán condenas sin cárcel de hasta ocho años los responsables de crímenes atroces.
Una exigencia recurrente de la guerrilla, no obstante, es la situación de los guerrilleros presos en las cárceles de todo el país. El gobierno asegura que son 1,400 los que han recibido un indulto, con lo que quedarían todavía alrededor de 2,200 entre rejas, según una organización encargada de censar a los rebeldes reclusos.
Este mismo lunes, la ONU autorizó extender su presencia en Colombia hasta septiembre del 2018, en un mandato prorrogable para verificar la reinserción de los rebeldes a la vida civil. La mayor preocupación de este organismo, que ya supervisó la dejación de armas, es la falta de garantías del Estado para que los excombatientes de las FARC no caigan en la tentación de unirse a otros grupos armados ilegales presentes en el país.
“El despliegue de las instituciones en las zonas afectadas por el conflicto son tareas urgentes y fundamentales para la consolidación de la paz”, dijo en un comunicado Jean Arnault, representante del Secretariado de la ONU en Colombia y jefe de la misión en este país.
Tras el desarme individual de los miembros de la guerrilla, la ONU está localizando y desmantelando cientos de depósitos clandestinos con municiones y material inestable de las FARC ocultos en la selva.
Las FARC se convertirán a partir de agosto en un grupo político legal tras firmar el año pasado un acuerdo de paz para cerrar más de medio siglo de enfrentamiento armado que dejó más de 250,000 muertos, 60,000 desaparecidos y siete millones de desplazados. (ECHA – Agencias)