BOGOTÁ.- Organizaciones de prensa y de derechos humanos denunciaron hoy la impunidad reinante en el asesinato del abogado, periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, del que este jueves se cumplen 16 años.
«La muerte de Garzón dio inicio a una de las épocas más violentas y difíciles para la prensa colombiana, pues entre 1999 y el 2002 fueron asesinados 32 periodistas, 13 de los cuales murieron por acciones de grupos paramilitares. Todos estos casos se encuentran en la impunidad», señala un comunicado divulgado hoy por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Este mensaje, elaborado en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), lamenta que la Fiscalía colombiana haya rechazado en cuatro oportunidades la petición de que el asesinato de Garzón sea declarado crimen de lesa humanidad.
Las tres organizaciones «consideran que este caso sí es un delito de lesa humanidad por su gran impacto y afectación para la sociedad colombiana».
Agregan que este asesinato «hizo parte de una práctica sistemática y generalizada contra amplios sectores de la sociedad civil organizada, ejecutada por grupos paramilitares bajo la determinación de altos mandos militares».
Garzón, activista por la paz y popular humorista de la televisión colombiana, fue asesinado por sicarios vinculados con paramilitares y con complicidad de agentes del Estado en una calle de Bogotá el 13 de agosto de 1999, a la edad de 38 años.
Según las organizaciones, «los resultados para sancionar estos hechos son mínimos» pues el único condenado es el exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, ya fallecido.
«Esta decisión se tomó el 2004, fecha en la que ya (Castaño) estaba muerto, por lo que nunca cumplió la condena. Además, las investigaciones no han develado toda la verdad sobre los móviles del crimen y los determinadores del homicidio del periodista», agrega la información.
Las investigaciones de este crimen «han dejado en evidencia la participación de agentes del Estado de alto nivel quienes actuaron como determinadores y, posteriormente, contribuyeron a desviar la investigación», recuerda el comunicado.
El 2009, la Fiscalía vinculó al caso a José Miguel Narváez, exdirector del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en 2014 acusó al coronel retirado del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien fue detenido y está a la espera de juicio.
Esta semana el exjefe paramilitar Diego Murillo, alias «Don Berna», que está preso en Estados Unidos, dijo a una comisión de la Fiscalía que los generales retirados Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de la República, y Rito Alejo del Río «participaron en la estrategia para desviar el caso».
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