BOGOTÁ.- El referéndum anticorrupción convocado para el próximo domingo, provocó la división entre el presidente Iván Duque y su mentor político, Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, quien lo cuestiona por su alto costo económico.
Mientras el mandatario ratificó su respaldo a la propuesta argumentando que es “tarea de todos los colombianos acabar con esa vagabundería [la corrupción]”, el ex presidente y senador anunció que su partido no la apoyará porque prefiere respaldar proyectos anticorrupción en el Congreso.
La iniciativa con la que se busca combatir la corrupción en el sector público del país tendrá como principal reto vencer la abstención y superar los 12,140,342 votos, cifra que equivale a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral.
La tarea no parece nada fácil y sus opositores, entre los que se encuentran los uribistas, han argumentado que hay otras formas de combatir la corrupción en el sector público sin necesidad de gastar más de 300,000 millones de pesos colombianos ($100,000 millones).
“Es ilógico que nos saquen cada año más impuestos para tapar el hueco de la corrupción. La Consulta Anticorrupción es justamente para parar con el abuso al ciudadano de a pie y ponerle freno a los corruptos”, dijo en Twitter Claudia López, ex senadora del Partido Verde y una de las promotora de la propuesta.
Los colombianos recibirán este domingo 26 en los puestos de votación de todo el país (las votaciones en el exterior se abrieron desde el lunes pasado al domingo 26) un tarjetón con siete preguntas, las cuales deberán marcar con “Sí” o “No”.
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La consulta anticorrupción será aprobada solo si el “Sí” tiene la mitad más 1 de los votos y este sería el impacto en el sector público:
La consulta anticorrupción que votarán los colombianos incluye reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir pasaría de 31,249,680 de pesos mensuales ($10,000) a 19,531,050 ($6,500).
Los condenados por corrupción no podrán tener beneficios de prisión en sitios especiales y tampoco podrán volver a contratarse con el Estado y que las entidades públicas y territoriales deberán utilizar pliegos tipo (condiciones estandarizadas) para celebrar todo tipo de contratos.
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Asimismo que los congresistas y funcionarios públicos deberán rendir cuentas sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares.
Los funcionarios que son elegidos por voto popular tendrán la obligación de hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.
Se establecerá un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas, los concejos y las Juntas Administradoras Locales. (ECHA- Agencias)