La revelación del espionaje a periodistas fue el colofón de un año en el que Ejecutivo, Legislativo, el sistema de justicia y grupos extremistas fueron al acecho de quienes tienen responsabilidad de informar.
Por segundo año consecutivo se superan las 300 agresiones a periodistas. Una cifra muy gráfica de lo que significa hacer periodismo en el Perú. Queda la sensación de una concertación de acciones encaminadas a la asfixia. Un inicio de año, con episodios álgidos de protesta social, en la que la que las y los reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos fueron blanco deliberado de ataques. En situaciones de flagrantes violaciones de derechos humanos lo que menos se quiere es evidencia que permita imputación de responsabilidad. Las fuerzas del orden actuaron en terreno y el Ejecutivo hizo lo suyo con una propuesta de protocolo para cobertura en situaciones de alteración del orden público que no era otra cosa que una tentativa (más) de parametrar actividad periodística.
El Legislativo y sus bravatas lo convirtieron en uno de los más beligerantes frentes de asedio a la prensaen el 2023. Pretendieron (más de una vez) imponer leyes mordaza: elevar las penas por difamación, penalizar la difusión de dichos de colaboradores eficaces, reprimir a quien informe sobre la investigación fiscal y el propio proceso penal. La continua provocación con la tentativa de imponer colegiación obligatoria -que hasta hoy no pasa de comisiones- pareciera una auténtica demostración de irracional poder sinfín.
La nocividad del Ministerio Público merece un análisis particular. El seguimiento a periodistas -al que se le intentó procazmente dar un marco de legalidad-, la instrumentalización de la investigación fiscal, para involucrar a periodistas en delitos de marca mayor que los disocien de sus colegas o los requerimientos fiscales o diligencias orientadas a disuadir a las fuentes son modus operandi que destemplan la sinfonía democrática.
Grupos extremistas de todo matiz, a lo largo y ancho del país. Pero no son solo los “Maelos”, los “Ayachi” y el resto de la banda de La Resistencia, La Insurgencia, Los Combatientes, son también las portátiles de autoridades regionales o locales, tal el caso del alcalde provincial de Trujillo.
Lima, Trujillo (entre otras por lo del alcalde y sus seguidores), Tacna y Juliaca, se constituyeron en el 2023 en las zonas de mayor riesgo para la actividad. Amenaza, hostigamiento, agresión física y verbal y trabas de acceso a la información, los tipos de ataque más recurrentes. Todo eso sumado a la desconfianza de la ciudadanía, la extinción de los impresos regionales, la toma de los medios del Estado y la regresión en materias como acceso a la información pública o rectificación en la que solíamos tener calificación aprobatoria, configuran un año abrumador.
En síntesis: 2023, un pésimo año para la libertad de prensa.
Leer informe completo aquí: https://x.com/zulianalainez/status/1742584297842716677?s=20