Este es un artículo de opinión de Antonia Moreno Cano, investigadora de la española Universidad de Deusto, y de Juan Carlos Miguel de Bustos, catedrático de la Universidad del País Vasco.
BILBAO, España – En 2003 en Colombia se estrenaron solo cinco largometrajes de producción nacional. En 2010 ya eran diez. En 2019, 48.
Tres leyes creadas entre 1997 y 2013 en Colombia estructuraron la industria audiovisual y crearon un sistema de fondos económicos que potenció el crecimiento de su industria cinematográfica. Esto significó el nacimiento de una política cinematográfica articulada a través de varios fondos de promoción que ha provocado que el sector no haga más que crecer.
Una ley para todo el cine
La ley 397 de 1997 fue la primera ley holística de fomento de la industria audiovisual. Proponía que el Estado debía estimular no solo la producción, sino todos los eslabones de la cadena de valor –desarrollo, producción, distribución y exhibición–.
La ley implicó dos cambios fundamentales. Por un lado, el Estado colombiano reconocía el cine como una industria que conformaba la memoria colectiva y como un medio de expresión de la identidad nacional, por lo que se comprometía a fomentar la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial.
Por otro lado, se crearon el Ministerio de Cultura y dos entidades dependientes de él: Dirección de Cinematografía y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (Proimágenes Colombia), en el que están representados actores estatales y agentes privados.
El reconocimiento para la concesión de ayudas lo realiza la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Entre 2002 y 2017 se reconocieron 997 obras cinematográficas como producto nacional, 625 cortometrajes y 372 largometrajes.
Dentro de la ley 397 se incluyó el Plan Nacional de Estímulos (PNE) para articular los programas de becas y premios para artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos.
Además del PNE, la Ley General de Cultura autorizaba a las distintas organizaciones administrativas de ámbito regional la creación de un impuesto territorial. Los recursos recaudados a través de dicho impuesto son administrados territorialmente y destinados a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura.
La nueva ley de 2003
La Ley de Cine de 2003, cuyo objetivo es estimular la inversión a través de beneficios tributarios y facilitar la producción de películas en Colombia, crea a su vez el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).
El FDC propone el cobro de impuestos a productores de largometrajes, distribuidores y exhibidores de cine en salas nacionales. Gracias a esto, entre 2004 y 2021 recaudó 43 127 496,54 euros que se distribuyeron en 70 % a creación, producción, coproducción y realización de largometrajes, cortos y documentales, y 30 % a líneas de acción complementarias (preservación, formación y promoción).
A través de los estímulos del FDC se han apoyado 3 161 proyectos entre 2004 y 2017, en diferentes categorías –escritura de guion, formación, realización de cortometrajes y largometrajes, desarrollo, producción y posproducción, etc.–.
El marco de gobernanza del audiovisual brinda un abanico amplio de oportunidades a las que puede acceder cualquier ciudadano colombiano.
Es común encontrar en una misma convocatoria proyectos apoyados por canales de televisión universitarios, públicos o privados, realizados por directores y productores reconocidos, pero también candidatos con una escasa trayectoria profesional.
Esta facilidad de acceso a los fondos públicos permite incrementar el número de producciones nacionales y su popularidad.
En 2008 nació la Comisión Fílmica Colombiana (CFC), en colaboración con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el objetivo de promocionar al país como un territorio para la producción cinematográfica y audiovisual, a través de servicios de asesoría e información.
Finalmente, en 2012 se creó el Fondo Fílmico Colombia (FFC), que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tienen como destino reembolsar a los productores un porcentaje del valor que gasten en Colombia por concepto de los servicios necesarios para realizar la producción cinematográfica y audiovisual rodada, total o parcialmente, en el país.
El efecto multiplicador de la política cinematográfica
Hay que tener en cuenta que, al aumentar las ayudas, aumenta el número de películas producidas, lo cual anima a la creación de más salas de cine o pantallas. Cuanto mayor es la cantidad de películas en las salas, más personas van al cine. Esta es una razón para seguir invirtiendo en esta producción. Actualmente, en Colombia el índice de asistencia a salas es pequeño.
En 2021, de cada dos colombianos uno había asistido al menos una vez al cine. Antes de la pandemia, el índice era mejor, ya que en 2019 cada habitante iba al cine al menos 1,5 veces. En 2022 se observa una recuperación, porque tres de cada cuatro habitantes han ido al cine.
Además, queda pendiente mejorar la tasa que ocupa el cine colombiano en relación a otras cinematografías, especialmente la norteamericana. El máximo de asistencia se dio en 2012: un 8,3 % de los espectadores eligió una producción nacional. En 2010 había sido 4,5 % y en 2019, 3,4 %.
En 2020, solo 7 % de los espectadores veían películas colombianas; cifra que ha descendido 1,7 % en 2021, y que se ha recuperado levemente (3,3 % en 2022).
Otra de las cuestiones pendientes es mejorar las relaciones entre el cine y la televisión, para que esta se implique más en la producción de películas.
También hay que trabajar en descentralizar una industria audiovisual muy focalizada en lugares de producción clásicos como Bogotá.
Mirada puesta en el futuro
Promocionar (y proteger) el audiovisual nacional necesita la creación de un sistema de ayudas para fortalecer todos los eslabones de su cadena de valor. En el caso de Colombia, el hecho de fomentar la existencia de un contenido patrimonial audiovisual ya justifica su existencia.
Colombia constituye un ejemplo de la creación de una estructura de fomento del audiovisual, tanto en el plano industrial como patrimonial. La política audiovisual constituye un instrumento fundamental, sobre todo en la era de las plataformas en la que se multiplica el consumo de productos audiovisuales.
El cine colombiano conquista poco a poco el resto de los países. En 2004, Catalina Sandino fue candidata al Óscar como Mejor Actriz por María, llena eres de gracia. En 2007, La corona fue candidato a mejor cortometraje documental y, en 2016, El abrazo de la serpiente fue preseleccionada como mejor película de habla no inglesa. ¿Qué será lo siguiente?
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
RV: EG