No hace muchos días el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la titular del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, tomaron la iniciativa de reunirse con los dirigentes de la centrales sindicales, con el propósito de impulsar un diálogo propositivo, que permita conocer las principales preocupaciones que afectan a los trabajadores en general y los planteamientos que hagan posible la solución de los problemas existentes. En principio resulta singular tal iniciativa, por cuanto, después de largo tiempo, se reconoce la condición de interlocutores al más importante sector de la población, hasta hace poco “ninguneado”, excluido, de las tratativas reservadas para quienes tienen el poder económico.
La cita realizada contó con la presencia de representantes de los ministerios de Economía y Finanzas y del Servicio Civil (Servir). Esto explica por qué el primer ministro puso el acento, en esta oportunidad, su interés por encontrar una respuesta estructural para que el aumento de la remuneración mínima vital, no esté sujeto a la discrecionalidad de la autoridad política, así como respecto a los diferente regímenes laborales en el Estado, que hoy por hoy, presenta un panorama irritante por cuanto permite remuneraciones distintas a quienes ejercen la misma labor.
De otro lado, resulta extraño que una reunión de esta naturaleza, que tiene que ver con la problemática económica y social del país, no haya recibido el despliegue informativo que merece. Preocupante y, al mismo tiempo, criticable si se tiene en consideración que los medios de comunicación masiva están en la obligación de cumplir su rol social. Sobre todo, dadas las circunstancias de un país como el nuestro, que anhela avanzar por los caminos de un desarrollo sostenible. ¿Insistirán estos medios en guardar silencio cuando se abordan asuntos de la trascendencia señalada? Es posible. Esto se ha convertido en una mala costumbre, repudiable por cierto. Tanto que le dan la razón a quienes consideran que la democracia peligra, cuando solo se oye la voz de los poderosos.
Por lo demás, la apertura del diálogo con las organizaciones de los trabajadores, abre la posibilidad a futuro que la misma aborde otros temas de actualidad. Uno de ellos, aquel que tiene que ver con los efectos de la desregulación laboral, precariedad y contención salarial. Existen opiniones que señalan que la desregulación de las relaciones laborales viene actuando sobre la protección del empleo y la organización del trabajo, influyendo, además, sobre la estructura de protección social, afectando las condiciones de vida de trabajadores, parados e inactivos.
En consecuencia, sería conveniente que el Gobierno estimule este diálogo que, entendemos, ayudará en mucho a lograr la paz social. Hoy se sabe que esta muestra perturbación, debido a que la precariedad de trabajo resulta siendo la plasmación de los costos que se derivan de la flexibilización. Personas entendidas en la materia explican que los costos socioeconómicos importantes que se conciben como un cambio en la relación capital-trabajo, inciden sobre el reparto del riesgo y la inestabilidad laboral, el proceso productivo y la organización del trabajo. De igual manera, los expertos señalan que la contención salarial como herramienta única de reducción de costos laborales, ha supuesto un empobrecimiento de la clase trabajadora.
A propósito de este tipo de reuniones pareciera que es el comienzo de una mejor relación del gobierno con la población más desposeída, aunque claro con perspectivas favorables, si sumamos el recuerdo de un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando la Cumbre Mundial sobre de Desarrollo Social de 1995, precisó que la desregulación de los mercados de trabajo, como los recortes salariales o la flexibilidad laboral, “no resuelve los problemas de empleo y pobreza existentes”. Esta evocación cobra actualidad, porque aquel tiempo el director general de la OIT, el belga Michel Hansenne, vaticinó que a menos que se modifiquen las políticas actuales, las perspectivas del crecimiento del empleo, seguirán siendo sombrías en el mundo entero, “donde el 30% de la población – unos 820 millones de personas – está desempleada o subempleada”. Vaticinio que se dio en 1994 y que ahora se ha convertido en cruel realidad, por cuanto los poderosos de siempre no quieren modificar las políticas del mercado laboral y, en consecuencia, sigue creciendo el número de desempleados y subempleados.