Este es un artículo de opinión de Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
ROMA – El sábado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se cumplirán 74 años de la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que consagra los derechos y libertades de todos los seres humanos. En lo que respecta al derecho a la alimentación, desde 1966 los estados tienen la obligación legal de promoverlo y protegerlo como parte de los derechos económicos, sociales y culturales.
Todas las personas tenemos el derecho a no pasar hambre. Sin embargo, ahora más que nunca, este derecho fundamental está en riesgo. Cada vez son más quienes caen en la trampa del hambre, en un contexto mundial caracterizado por múltiples crisis como el cambio climático, las pandemias, los conflictos, las crecientes desigualdades y la violencia de género,
Hasta 828 millones de personas padecieron hambre en 2021, lo que supone un aumento de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, la covid-19. De cara al futuro, se prevé que casi 670 millones de personas seguirán sin tener suficiente para comer en 2030.
Todo ello pone de manifiesto que el mundo se aleja de su objetivo “Hambre cero”, un ambicioso compromiso que se selló hace menos de una década, así como las profundas desigualdades que persisten a nivel global.
Actualmente hay alimentos suficientes para toda la población. El problema es la incapacidad para comprar los alimentos disponibles, debido a los altos niveles de pobreza y desigualdad. La guerra en Ucrania ha empeorado las cosas, generando perturbaciones en el mercado de la energía, y provocando que los alimentos se encarezcan aún más.
Solo en lo que va de año, los costes de las importaciones en los 62 países más vulnerables han aumentado en 25 mil millones de dólares, 39 % en comparación a 2020.
La pandemia de covid-19, que empezó como una crisis de salud, evolucionó rápidamente hasta convertirse en una crisis alimentaria, provocando escasez de mano de obra en el sector agrícola y amenazando con interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos.
La pandemia nos ha enseñado la importancia de considerar los desafíos interrelacionados que platea satisfacer la creciente demanda de alimentos, así como proteger la sostenibilidad ambiental, social y económica, tal como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El 80 % de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen de la agricultura para su subsistencia.
Muchos de ellos —mujeres, niños, pueblos indígenas y personas con discapacidad— no tienen acceso a alimentos y luchan contra las malas cosechas, los elevados precios de las semillas y fertilizantes y la falta de servicios financieros. Al mismo tiempo, se ven directamente afectados por los riesgos e incertidumbres de nuestros sistemas agroalimentarios.
La gravedad de la situación exige abordar el problema del hambre de manera holística. Nuestros sistemas agroalimentarios están rotos, y tenemos que repararlos para que sean más inclusivos, resilientes y sostenibles.
Esto significa adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, con el fin de aplicar los principios de los derechos humanos a nuestras acciones. En este sentido, los marcos internacionales nos bridan la orientación legal y política necesaria para la realización de los derechos humanos universales y fundamentales.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, por ejemplo, afirma que el derecho a la alimentación es esencial para el cumplimiento de otros derechos humanos.
Hace hincapié en la sostenibilidad, en tanto en cuanto los alimentos deben ser accesibles para las generaciones presentes y futuras, la disponibilidad, la accesibilidad y la importancia de las dietas saludables para la seguridad alimentaria, la protección del consumidor y la obligación de los estados de proporcionar alimentos adecuados a la población. Todo ello sienta los cimientos desde los cuales reconstruir nuestros sistemas agroalimentarios.
La creación de un marco político y legal coherente en torno a esos contenidos básicos promoverá el derecho a la alimentación.
Dado que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, no es posible disfrutar plenamente de un derecho humano sin el cumplimiento de los demás. Abogar por políticas que promuevan otros derechos humanos, como la salud, la educación, el agua y el saneamiento, el trabajo y la protección social, también puede tener un impacto positivo en el derecho a la alimentación.
El Día de los Derechos Humanos es un llamado a la dignidad, la libertad y la justicia para todos. Recordemos el papel fundamental que juega el derecho a la alimentación en el logro de estos principios claves, sin los cuales no conseguiremos reducir la pobreza ni mejorar el bienestar de todas las personas.
La alimentación es crucial para la vida, y para fortalecer nuestros esfuerzos globales en aras a encontrar soluciones duraderas a los desafíos actuales.
Máximo Torero es el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Entre 2016 y 2029, fue director ejecutivo del Grupo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y anteriormente dirigió la División de Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
RV: EG
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