El ahora candidato presidencial Nayib Bukele saluda al fiscal de la República, Rodolfo Delgado, el 28 de noviembre, fecha en que se reunió con su gabinete para anunciar que dejaría sus funciones como presidente para dedicarse a la campaña electoral en busca de una reelección continua que ha sido duramente criticada, porque estaría restringida por la Constitución salvadoreña. Imagen: Presidencia de El Salvador
SAN SALVADOR – A las puertas de las elecciones presidenciales de El Salvador, el actual mandatario, Nayib Bukele, se perfila como el ganador indiscutible, en medio de una larga y agria controversia sobre si está permitida o no su relección inmediata, mientras sigue mostrando su lado autoritario y su desdén hacia la Constitución.
El 4 de febrero de 2024, unos 6,2 millones de salvadoreños del registro electoral estarán llamados a elegir, por un nuevo periodo de cinco años, al presidente y vicepresidente del país, y para el próximo trienio a los 60 diputados de la unicameral Asamblea Legislativa.
Un mes después, el 3 de marzo, los electores escogerán a los alcaldes de 44 distritos municipales.
Al contrario de procesos electorales pasados, cargados de entusiasmo y animosidad, la campaña proselitista se percibe esta vez apagada y sin brillo, pues ni Bukele se ha metido de lleno, probablemente porque cree que ni siquiera es necesario, tan seguro está de ganar, ni la oposición, sin financiamiento ni apoyo popular, logra entusiasmar a nadie.
El eterno debate sobre la inconstitucionalidad
“Lo que no hay que olvidar es que la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional, es una aberración jurídica que cometió la Sala de lo Constitucional, en 2021”, afirmó a IPS la analista Evelyn Martínez.
Martínez se refería a la resolución del 3 de septiembre de 2021 de la Sala de lo Constitucional que interpretó el polémico artículo 152 de la Constitución y abrió la puerta a que Bukele se inscriba como candidato para un segundo periodo consecutivo, algo que otros jueces constitucionales no habían permitido.
“En el tema de seguridad sí ha tenido logros, ese es el fuerte de él, y la gente está dispuesta a ‘zocarse el cincho (apretarse el cinturón)’ pero quiere sentirse o estar más segura, pero el tema económico está complicado”: Javier Cortez.
Al debate sobre si el presidente estaría violando la Constitución al lanzarse como candidato para un segundo periodo consecutivo, se sumó otra acción calificada de ilegal por sectores opositores: nombrar sin seguir los procedimientos a la persona que lo sustituya mientras se encuentra en campaña electoral.
El mandatario decidió que sea Claudia Rodríguez quien ejerza las funciones presidenciales desde el 1 de diciembre, a las que él, en teoría, renuncio para dedicarse a su candidatura, como lo exige un confuso artículo constitucional, el 152, el que fue interpretado por los jueces del tribunal constitucional, aliados a Bukele y que le dieron luz verde a su candidatura.
“El proceso de nombramiento de esa designada presidencial ha sido inconstitucional”, dijo a IPS la analista Evelyn Martínez.
El designado o designada presidencial es un cargo establecido para que una persona sustituya temporalmente al presidente cuando él, por razones de viajes, enfermedad, o de otro tipo, no pueda desempeñar sus funciones, ni tampoco el vicepresidente, que para el caso tampoco podría, pues también corre de nuevo por el cargo, en los comicios de febrero.
Para dedicarse a la campaña electoral, el mandatario dejó su cargo el 1 de diciembre, pues no podría ser presidente y candidato a la vez. Pero en lugar de enviar un listado de varias personas, de los cuales la unicameral Asamblea Legislativa nombraría al primer y segundo designado, él envió solo el de una, el de Rodríguez.
Es decir, el gobernante envió el nombre de la persona que él quiere que lo sustituya, sin más. Y, como era de esperar, Rodríguez fue avalada por la Asamblea, controlada por el oficialismo desde el 1 de mayo de 2021.
Ahora Rodríguez ejerce la presidencia, pero no fue juramentada ante la Asamblea, “de manera nominal y pública”, como lo exige la Constitución en su artículo 131, y ni siquiera ha aparecido públicamente para que la población sepa que ahora ella ejerce el cargo.
Del lado oficialista se ha dicho que Rodríguez sí fue juramentada, pero en una especie de acto privado, que nadie ha constatado ni siquiera en fotografías oficiales.
“A la señora ni siquiera la han juramentado, ella no está fungiendo como designada presidencial porque no ha sido juramentada, ese es el procedimiento legislativo”, subrayó Martínez.
Y agregó: “Ella es la persona de confianza del presidente Bukele, es como la secretaria de él”, lo que indicaría que sería él quien siempre estaría tras bambalinas, contraviniendo la normativa de que debe apartarse de sus funciones.
Un triunfo casi seguro
Pese a esa controversia, los sondeos de opinión le dan a Bukele, de 42 años, una clara y abultada ventaja sobre sus competidores.
La encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, publicada el 6 de diciembre, le otorgó al ahora candidato Bukele 61,7 % de intención de voto, mientras que los cinco candidatos a la presidencia por la oposición no alcanzaron ni 10 % juntos.
Los otrora partidos dominantes de la posguerra, la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la derechista Alianza Republicana Nacionalista, obtendrían apenas 2,6 % y 1,5 %, respectivamente.
“Toda mi familia y yo vamos a apoyar al presidente Bukele”, dijo a IPS un obrero que se identificó solo como Rafael, quien descansaba la tarde del 20 de diciembre en la plaza Gerardo Barrios, en el corazón de San Salvador, la capital de este país centroamericano de 6,7 millones de habitantes.
Para Rafael, esas discusiones de políticos y analistas sobre inconstitucionalidades son nimiedades que él no entiende ni cree que ayuden a resolver los problemas del país, mientras que las acciones del presidente sí han demostrado beneficios, por ejemplo desarticular las temidas pandillas, llamadas también “maras”.
En marzo de 2022 Bukele impulsó un régimen de excepción con el cual se suspendieron varias garantías constitucionales que permitieron lanzar una ofensiva policial y militar contra esos grupos delictivos, que por décadas habían sembrado el terror entre la población, con asesinatos y extorsiones.
A la fecha van más de 74 000 capturados en el marco de esa estrategia, avalada por la población, según se percibe en los barrios y ciudades del país, y es confirmado por todos los sondeos de opinión, aunque esa política ha estado plagada de abusos policiales y de militares, así como de capturas de personas inocentes, sin vínculos con pandillas.
Esos abusos y capturas han sido documentadas por organizaciones derechos humanos, pero la población en general, aunque pudiera lamentarlo, no los valora tanto como la libertad de poder moverse por los caminos del país sin el temor de ser asesinados por pandilleros.
“Todos opinamos que nunca ningún presidente hizo lo que hizo este: ponerse los pantalones y enfrentar a las pandillas”, recalcó Rafael, que dijo ser originario de Moncagua, un municipio del oriental departamento de San Miguel.
El apoyo de Rafael a Bukele confirmaría la opinión de analistas, incluso críticos del gobierno, de que es esa política de mano dura contra las pandillas la principal ventaja política del ahora candidato presidencial.
Este obrero, que se gana la vida haciendo reparaciones de fontanería y electricidad, sí tuvo una crítica hacia el gobierno: la falta de empleo formal, sobre todo en personas como él, con 50 años de edad.
“Lo que sí está haciendo mal el gobierno es no darle oportunidad a las personas mayores. Ahí me anotaron el otro día para trabajar en la Dirección de Obras Municipales, y nada, y yo calculo que aún tengo fuerzas para trabajar bien”, se quejó.
El apremiante tema económico
En el mercado Tinetti, en las orillas del centro de San Salvador, el peluquero Oscar Vivas también dijo resentir la situación económica, sobre todo después de haber sido parte del grupo de comerciantes informales que fueron obligados a dejar sus negocios que por años habían mantenido en la zona más transitada de la ciudad, cerca del Teatro Nacional.
“Veo complicado al país, por el tema económico, pues cuando estábamos allá arriba se trabajaba bastante, y al venir aquí hemos perdido clientes”, sentenció Vivas a IPS, mientras pasaba una maquinita eléctrica para cortar el cabello de Javier Cortez, otro comerciantes desalojado del centro.
Vivas agregó que está de acuerdo con las medidas del gobierno para frenar a las pandillas, pero el desalojo del que fue objeto le golpeó sus finanzas: los clientes ya no quieren llegar a su peluquería: un reducido espacio atiborrado de espejos, botecitos con líquidos y toda la parafernalia que usa.
“Hay cosas que se ve que las ha hecho bien el gobierno, pero hay cosas que no, ha habido una mejora, un cambio, en la seguridad, ha ayudado bastante, pero habernos quitado donde estábamos ya no mucho me gustó”, acotó.
Vivas dijo estar dentro del grupo de indecisos, pues no sabe aún, o no quiso manifestar, por quién votaría para presidente, en las elecciones de febrero.
Sentado en la silla de peluquero, Cortez afirmó a IPS que percibe preocupación, “se ve incierto el futuro del país, porque hay una fuerza mayoritaria y poca esperanza de que la oposición pueda alcanzar algún equilibrio”, en clara referencia al control mayoritario que tendría Nuevas Ideas, el partido de Bukele, en la Asamblea.
“En el tema de seguridad sí ha tenido logros, ese es el fuerte de él, y la gente está dispuesta a ‘zocarse el cincho (apretarse el cinturón)’ pero quiere sentirse o estar más segura, pero el tema económico está complicado”, aseguró.
ED: EG
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