Estoy seguro que estas líneas van a incomodar a no pocos lectores. El tema de la corrupción disgusta siempre al poder, a la política y a las instituciones públicas y privadas involucradas en esta lacra que hoy se extiende por muchos estados y gobiernos de distinto signo. Especialmente en nuestra región y, por supuesto, en Chile.
A las dictaduras militares de nuestro continente se les acusó especialmente por sus crímenes, sin asociar que la tortura, los campos de concentración, los ultimados y, en general, todas las violaciones de los Derechos Humanos son parte también de la corrupción de quienes los acometieron o se constituyeron en sus cómplices pasivos. Sin embargo, lo que más afectó la imagen de Pinochet y otros tiranos fue el descubrimiento de sus robos y enriquecimiento ilícito. Lo más imperdonable para tantos fueron sus asaltos al erario nacional y la forma en que éste favoreció también a sus colaboradores más estrechos.
En el llamado “servicio público” se reconocen muchos delincuentes. Los que legislan para proveerse de abusivas remuneraciones, los que otorgan las concesiones fiscales y los que recaudan dineros para sostener sus campañas políticas y su eternización en los cargos públicos. Precisamente lo que pasa con buena parte de nuestros últimos gobiernos, con los parlamentarios y las autoridades comunales, haciendo gala de esa expresión mexicana en cuanto a que “un político pobre es un pobre político”. Muchos piensan que la mejor oportunidad de negocios coincide con la posibilidad de tener acceso al poder ya sea en forma directa o indirecta.
En Chile y muchos de sus países vecinos, diversos jefes de estado están siendo investigados, procesados y condenados por corrupción. Por sus ilícitas redes con los empresarios que los sobornan y los partidos que representan. Por mucho tiempo se afirmó pretensiosamente que nuestra nación escapaba al fenómeno de la corrupción argentina, por ejemplo, pera ya sabemos que hoy estamos muy a la par con lo sucedido en esta materia allí y en otros países, igualmente involucrados en prácticas deleznables como las coimas, los abusos cometidos con los gastos reservados y de representación, pero además penetrados por las mafias de narcotraficantes y su aparato de impunidades gracias a los jueces y tribunales que les son abyectos.
Desde muchísimos años, las internacionales ideológicas y los países ricos “donan” millonarios recursos para financiar a la política de los países con abundantes recursos naturales, a fin de granjearse buenos negocios con ellos cuando corresponda exigírselos. Así como evitar la acción de quienes se propongan en estas naciones administrar soberanamente sus recursos naturales y consolidar su independencia. El Golpe Militar de 1973 es consecuencia, por cierto, de la nacionalización del cobre, de la reforma agraria y otras grandes iniciativas repudiadas por los Estados Unidos que terminaron financiando la desestabilización del gobierno de Allende y su consecuente régimen cívico militar.
Habría que ser ingenuo como para pasar por alto la forma en que el imperialismo intervino, también, en la postdictadura. En los millonarios recursos para “mojar” a quienes llegaron a La Moneda después del régimen de facto. Tarea en que se logró dividir a los disidentes y opositores para, posteriormente, interpelar al Dictador para que abandonara el poder, antes que en el Cono Sur de América pudiera triunfar otras revoluciones como la cubana. Tal como se lo escuchamos reconocer, por lo demás, al embajador norteamericano de la época, empeñado en alentar una concertación política que excluyera a las fuerzas marxistas y más radicales, cuanto exigir para los militares una salida bien negociada para ellos y los intereses transnacionales en nuestro país.
Es así como llegarían nuevos recursos bajo la condición ahora de extender la Constitución del Dictador (con algunos retoques), el sistema económico neoliberal y la coincidencia forzada de nuestra Cancillería con la política exterior estadounidense.
Con el tiempo, a lo anterior se sumaría el “dejar hacer y dejar pasar” en la política chilena, siempre que respetaran estos paradigmas y la camisa de fuerza institucional que todavía nos rige. Situación que consagraría a las Fuerzas Armadas como la gran cancerbera de nuestro nuevo régimen, para la cual habría que garantizarle todavía más privilegios y recursos que antes. Por algo en la última Parada Militar salieron los oficiales y soldados a lucir todavía más engalanados y fachosos uniformes, lo que habla del grosero presupuesto que tienen a expensas de todas las carencias sociales del país. Cuando, para colmo, gran parte de sus ex comandantes en jefe y generales están imputados por la Justicia por diversos dolos de orden financiero.
Es un lugar común el reconocimiento de que todos los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría metieron sus manos en las alcancías fiscales y recibieron onerosos recursos de la empresa privada, como desde sus referentes extranjeros. Allí están los bullados casos de Penta, el MOPgate y la actuación de algunos lobistas de otrora radical apostura política. Los que empezaron a lucrar con su tráfico de influencias, sus privilegiados vínculos con las nuevas autoridades y loa generosos emolumentos de las grandes empresas.
En los tribunales peruanos, argentinos y brasileños se ventilan, por fin, los aportes ilegítimos de ciertos consorcios económicos a la política. Corrupción que también ha tocado a nuestro país y dejan al descubierto actualmente nuevas denuncias sobre recursos recaudados para solventar la millonaria campaña presidencial de Michelle Bachelet. Pero no hay que tener mucha confianza en la verdad y la justicia al respecto después de que diversas figuras de derecha, de centro o izquierda estén librando de condenas mediante preconcebidos resquicios legales o en virtud de la prescripción que suele ser especialmente generosa con este tipo de delitos. Concesiones viales, puentes y otras obras que a los pocos años, para colmo, demuestran sus flaquezas, pero que han dejado la huella de las millonarias donaciones recibidas por los altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y algunas bancadas legislativas.
Para empatar este tipo de escándalos resulta propicio para los denunciados alardear otra vez por los viejos y nuevos sucesos vinculados al enriquecimiento de Sebastián Piñera, las contribuciones de Soquimich y a la forma en que los intereses de nuestras grandes empresas terminaron hasta redactando la nueva Ley de Pesca que tanto favorece los intereses de solo nueve familias en desmedro de los miles de pescadores artesanales del país. A pesar de que ya sabíamos que la derecha y sus representantes en el gobierno actual tenían cimentada su fortuna personal con las privatizaciones de la Dictadura, la evasión tributaria y otros fraudes, cuyos casos más emblemáticos resultaran el de Julio Ponce Lerou, yerno de ex Dictador, como la proliferación irresponsable de las universidades privadas, la condonación por el Estado de sus multimillonarias deudas bancarias y los lucrativos negocios de las AFP y las isapres. Además de las colusiones de las farmacias y las grandes tiendas en contra del bolsillo de los consumidores.
No es una novedad que la izquierda y la derecha unidas han sido mutuos cómplices de los más diversos desfalcos, cuestión que desgraciadamente se reconoce poco todavía. De allí que, en sus reproches cruzados y más descarados, el oficialismo y la oposición prefieran aludir más bien a lo que ocurre el extranjero antes de lo que sucede a vista y paciencia del pueblo chileno. Está claro que a la derecha le acomoda más acusar a Lula, a los Kirchner, a Daniel Ortega o a Maduro, mientras los otros las emprenden contra los escándalos de los Macri, Bolsonaro y algunos otros gobernantes del presente y del pasado.
Es lamentable que haya tan pocas voces nuestro país y en el mundo que condenen por igual cualquier forma de descomposición de la política. Como si los corruptos fueran solo los adversarios políticos y no se encontrarán también en sus propias guaridas. Desconociendo o negando cuestiones que ya están asentadas en nuestra memoria histórica, como la de aquel gobernante soviético cuyo hobby era coleccionar autos de lujo; o como el de tantos dictadores latinoamericanos de derecha enriquecidos en la zaga poder en Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Colombia y otras naciones.
Triste papel juega los medios de comunicación sesgados en esta materia, que no quieren reconocer en la corrupción un proceso transversal y que debe ser condenado sin cálculos electorales. Porque se trata de una lacra que se alimenta en el gobierno omnímodo de una misma casta política u oligarquía animada fundamentalmente por servirse del poder más que servir al pueblo. Que se favorece de la impunidad y tanto explica, ahora, el creciente fenómeno de la delincuencia social. La violencia y el crimen cotidianos que asola a todas nuestras poblaciones.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
Fuente: https://barometrolatinoamericano.blogspot.com