La despedida de Macri derogando el protocolo sobre abortos no punibles confirma que el próximo gobierno será mejor. ¿Cuánto mejor? Eso depende, porque no son lo mismo Kicillof que Nielsen, ni La Cámpora que Massa.
Mauricio Macri se tomó su última vacación de sus cuatro años de presidente jugando al golf en un barrio cerrado de Villa Allende, VIP, con sus amigotes empresarios y del PRO. Algunos vecinos, críticos, llevaron reposeras en señal irónica a su falta de contracción al trabajo.
Si el ingeniero continúa con esa onda relajada será difícil que consiga mantenerse como lo que proclama: el referente de la oposición al nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Es que esa fuerza política antiperonista necesitará ser muy activa para poner la mayor cantidad de palos en la rueda a Alberto Fernández.
Puede ocurrir que Macri juegue ese rol derivando en otros operadores el trabajo sucio. Algo así puede haber pensado al resolver en la mesa chica del PRO que la nueva titular de la agrupación sea Patricia Bullrich, bien derechosa y activa, capaz de ordenar «gatillo fácil» y operaciones ilegales varias.
Esa designación denota la mayor carga agresiva del PRO. En ese lugar antes estuvieron Humberto Schiavoni y Emilio Monzó, que tenían un perfil más dialoguista, no tanto «doctrina Chocobar».
Ahora, en lo que de Bullrich dependa, el partido macrista será manejado como un grupo blindado de Gendarmería, para embestir contra todas las iniciativas medianamente positivas que alumbre la nueva administración del Frente de Todos.
Ese final de las medias tintas también se notó en la derogación del Protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo que había firmado el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Obvio que lo publicado en el Boletín Oficial no era la legalización del aborto, como inventaron los integristas del PRO y los neonazis como Alejandro Biondini, sino algo más módico pero necesario. Se refería a los abortos no punibles, legalmente admitidos desde 1921 cuando está en riesgo la salud de la madre o el embarazo fuera producido por una violación.
Rubinstein, dirigente radical, ya había estado a favor del aborto legal, derrotado ajustadamente el año pasado en el Senado, y quería al menos asegurar con un protocolo nacional el fallo FAL de la Corte Suprema del año 2012. No pudo ser. Lo desautorizaron. Y tuvo que renunciar, con lo que quedó claro que en el PRO hay un proceso de bolsonarización, político e ideológico. Sus aliados hasta hoy, como los radicales y lilitas, van a tener que ceder más posiciones a favor de quien se considera el dueño del circo. Si les gusta, bien; y si no, se van. Muchos se van a quedar, pero sería bueno que otros, como Rubinstein, se vayan y traten de recuperar para su viejo partido algún aire con partículas yrigoyenistas y alfonsinistas.
Por una justicia justa.
No les será fácil a los actuales gobernantes volver al llano. A muchos de ellos y al propio Macri los están aguardando con citaciones en muchos juicios por corrupción, como el de las empresas de peajes en autopistas y el intento de licuar la deuda familiar con el Correo.
Esta semana testimonió Lázaro Báez ante el Tribunal Oral Federal 4 y denunció que fue apretado por enviados de la AFI y periodistas de la claque macrista para que incriminara a Cristina Fernández de Kirchner, como si fuera su testaferro. Algunos de los nombres que dio el santacruceño, preso desde 2016, son los que aparecieron en operativos de la AFI macrista en la causa de extorsiones del falso abogado Marcelo D’Alessio, con la posible complicidad de Daniel Santoro y presunta participación del fiscal rebelde en Dolores.
Más allá de la mala prensa que tiene el exdueño de Austral Construcciones, es muy grave lo que denunció. Eso coincide con las maniobras orquestadas desde el poder macrista y sus patas judicial y mediática para tratar de proscribir a la expresidenta y si hubiera sido posible llevarla por una larga temporada a Ezeiza o Marcos Paz.
Ese último objetivo no pudo ser logrado. Tanta arbitrariedad y persecución al final terminó victimizándola, por lo menos a los ojos de la mayoría de la población. Y, votos de por medio, con todo lo que ello supone, CFK terminará asumiendo como vicepresidenta de la Nación y autoridad en el Senado. Su hijo Máximo, otro de los blancos de la campaña persecutoria, será jefe del bloque peronista de Diputados, según los últimos retoques acordados entre el presidente electo y la vice.
Los que en cambio no tendrán la suerte de recuperar la libertad son muchos exfuncionarios, presos políticos desde hace varios años, aún con la reciente reforma procesal penal que limita las prisiones preventivas. Es paradójico que el fin de la abominable «doctrina Irurzún» no haya sido puesta inmediatamente en práctica, por ejemplo, para liberar al arquitecto Julio De Vido, próximo a cumplir los 70 años de edad y detenido desde octubre de 2017.
Ya se sabe que una justicia lenta no es justicia. Para numerosos empresarios, casi todos de matriz monopolista, acusados de corrupción en la causa de las fotocopias de los cuadernos, la justicia tuvo una velocidad supersónica para resolver sus libertades. Y a Paolo Rocca, el dueño de Techint, ni siquiera se lo demoró 24 horas.
Se dice con mucha razón que la situación económico-social que deja el macrismo es sumamente grave y que es la peor herencia para el Frente de Todos. Esto es verdad, pero con un matiz. La profunda desigualdad social puede competir y aún superar la gravedad de ese drama. Un ejemplo lo pone de relieve: los obreros del ingenio La Esperanza, ahora definitivamente sin ella, advirtieron en reiteradas oportunidades fallas en la seguridad de ese establecimiento jujeño. Un problema eléctrico desencadenó un incendio y 12 trabajadores murieron, en tanto los nuevos propietarios tucumanos apañados por el gobernador Gerardo Morales no tuvieron ni un rasguño, amén de no haber abonado la segunda cuota de la compra del establecimiento. Este sigue siendo el país donde advirtió don Atahualpa que «las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas».
¿Esta matriz desigual cambiará a partir del 10 de diciembre? Tendría que cambiar. Hay intenciones de que así sea, pero no está asegurado.
«Es la política, estúpido».
¿De qué depende que haya soluciones a esos problemas con mayúscula que padece la Argentina? No hay un sólo factor ni manera de hacer las cosas; el panorama es complejo y depende de muchas causas y efectos que se influyen mutuamente.
No sólo importan la política, los planes económicos y hasta la eficiencia de los funcionarios elegidos. La cuestión nacional es clave, pero sin aislarse de la región de la que formamos parte, más en este tiempo de crisis del neoliberalismo, rebeliones populares, agresividad del imperio y golpes de Estado como en Bolivia. Todo eso influye, hasta la mala suerte de un avance propio y un contragolpe ajeno, como pasó hoy en Lima.
La clave es la política, o sea el diagnóstico, las posibles soluciones y el tipo de dirigentes que se ponen manos a la obra a partir de diciembre.
En tren de impedir los cambios, alguien puede insistir con que el principal problema de la Argentina es la inflación, y en consecuencia reclamar recetas como las ya fracasadas de estos cuatro años. O sostener que hay mucha gente en el Estado y hay que combatir el gasto público y proceder a una reforma laboral para elevar la productividad y ganancias en el sector privado, de los monopolios nucleadas en la UIA. Sería otra estafa a la gente.
Aunque suene setentista, hace falta un programa popular, democrático, antimonopolista y antiimperialista, que comience por atender las prioridades más urgentes de las mayorías.
Macri y el PRO contrajeron el crédito de 57.100 millones de dólares con el FMI, que sirvió para fugar capitales y engordar las ganancias de bancos y de la bicicleta financiera. Lo hicieron pasando por alto las disposiciones de Hacienda, ordenanzas del Banco Central y previsiones constitucionales de que la deuda externa debe ser tratada por el Congreso. Sería necesario no pagar esa deuda y afectar esos recursos a las necesidades del país y llevar a la justicia a los autores del desfalco. Antiimperialismo y sensatez.
Con el gobierno que fenece las energéticas ganaron el mil por ciento en tres años, según el observatorio Oetec y la Universidad de Avellaneda. El dato saliente son 24.819 millones de pesos de ganancia de Pampa Energía (Marcelo Midlin) sumando 2017 y 2018. Similares fueron las ganancias de las otras energéticas, que lucraron con la dolarización a expensas de sus clientes, pauperizados. No es difícil adivinar el camino que se debería optar: la nacionalización del sector energético. Que el petróleo, el gas y la electricidad estén en manos del Estado.
Claro que además de las políticas más correctas hay que acertar en el tipo de funcionario para llevarlas a la práctica.
Porque una cosa es Julio de Vido, que antes en libertad y hoy preso político viene proponiendo esa nacionalización clave.
Y otra muy distinta es Guillermo Nielsen, posible funcionario de AF con un plan para Vaca Muerta en beneficio de los monopolios allí afincados, con libre disponibilidad de divisas, reintegro de impuestos y ventajas que ni siquiera Juan J. Aranguren les habría otorgado.
ortizserg@gmail.com
Fuente: https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/