MACEJÓ, Brasil – En 1976, una sombra se posó sobre las paradisíacas costas de Maceió, en Alagoas, un estado del noroeste de Brasil; la llegada de una fábrica de policloruro de vinilo (PVC), el material sintético utilizado en una amplia gama de productos plásticos.
Inaugurada por la empresa petroquímica Salgema, la ubicación de la fábrica en el barrio Pontal da Barra de la ciudad ―una lengua de tierra que divide la inmensa laguna de Mundaú del océano Atlántico― fue una elección estratégica, ya que los subsuelos de la zona albergan abundante sal de roca, un mineral esencial en la producción de PVC.
Casi cinco décadas después, el lugar se ha convertido en el escenario de uno de los mayores accidentes mineros de Brasil: un gigantesco socavón, provocado por la extracción de esta sal de roca, que afecta a zonas residenciales cercanas desde 2018.
El riesgo de derrumbe ha provocado el desplazamiento de 60 000 personas de cinco barrios circundantes. En diciembre de 2023, una mina de sal a orillas de la laguna, la Mina 18, se derrumbó, con el consiguiente impacto sobre sus aguas y las zonas circundantes.
Ahora, el caso vuelve a estar en las portadas informativas tras la primera reunión de una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso nacional, que investiga la magnitud de los daños medioambientales en la zona. La comisión también evaluará posibles fallas y negligencias tanto de la empresa como del Estado en la extracción de sal de roca.
Al mismo tiempo, las víctimas buscan justicia por el desastre medioambiental y los daños sufridos y han llevado a la empresa y sus filiales internacionales ante los tribunales de los Países Bajos. Los daños no han afectado solo a los residentes.
Los bancos de arena y los manglares de Maceió, que formaban un paisaje idílico, también se han visto transformados por la invasión de esta industria. “Era un verdadero paraíso ecológico”, afirma el profesor jubilado y ecologista José Geraldo Wanderley Marques, uno de los activistas más veteranos y acérrimos en la protesta contra la fábrica y la explotación minera.
En los manglares, aves costeras como garzas, correlimos y espátulas encontraron un hábitat. Cangrejos y peces también llegaron a depender de este ecosistema para alimentarse y reproducirse. Con la llegada de la fábrica, la región se volvió hostil para estas especies animales.
“¿Qué queda de lo que había antes? Nada”, dice Marques a Diálogo Chino.
Negligencia empresarial
Salgema se constituyó en 1970 como sociedad entre el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), el empresario del estado de Bahía Euvaldo Luz y el gigante químico estadounidense Dupont. A finales de esa década, Petroquisa, filial de la petrolera estatal Petrobras, se hizo con la mayoría de las acciones.
Durante la dictadura militar brasileña de 1964 a 1985 ―marcada por su propaganda de libre mercado sobre el supuesto “milagro económico“―, la presencia de la fábrica se promocionó como una bendición para la economía local, recuerda Marques. En aquella época, trabajaba en el sector medioambiental en el estado de Alagoas.
El emplazamiento ha despertado interés no sólo por sus reservas minerales de sal de roca, sino también por razones comerciales, debido a la facilidad de exportación de la producción desde el cercano puerto de Maceió, así como al fácil acceso al agua para su uso en el proceso industrial de la fábrica.
Según Marques, el proyecto ignoró los posibles riesgos ambientales y se construyó antes de que las autoridades locales como él pudieran tomar medidas. En Brasil, la licencia ambiental sólo se exigió a partir de 1981, con la introducción de la Política Nacional de Medioambiente.
En 2002, tras una fusión de empresas del sector, la planta se incorporó a la recién creada Braskem, empresa petroquímica controlada actualmente por Petrobras y la contratista Novonor, conocida como Odebrecht hasta su cambio de marca en 2020 tras su papel central en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Brasil y América Latina.
La propia Braskem se vio implicada en las investigaciones de Odebrecht. Según un acuerdo de clemencia que Braskem firmó en noviembre de 2016 con el Ministerio Público Federal, la empresa habría utilizado un fondo secreto para pagar sobornos a políticos con el fin de obtener contratos con Petrobras, aunque estos no estaban relacionados con la mina de Maceió.
Daños visibles por actividades de extracción
Tras un temblor en 2018, se produjeron hundimientos en Maceió que dañaron carreteras y edificios. Al año siguiente, Braskem dejó de extraer sal de roca en la zona. En 2020, la empresa firmó dos acuerdos con las fiscalías federal y estatal, comprometiéndose a reparar, mitigar y compensar los posibles daños socioambientales y urbanos derivados de sus actividades.
Como parte de los acuerdos, la empresa contrató a una consultoría para evaluar los impactos de su extracción de sal de roca en la zona. El documento resultante constató la pérdida de vegetación y la reducción de la población animal, el aterramiento de la laguna de Mundaú y la salinización de los acuíferos.
Verônica Antunes es profesora de la Universidad Federal de Alagoas y supervisa e investiga el impacto ambiental de la extracción de sal de roca en Maceió. Informa de la destrucción de 15 hectáreas de manglares y bancos de arena.
Antunes afirma que Braskem no tuvo en cuenta su impacto en la zona urbanizada y sus alrededores, y que las medidas de reparación propuestas por la empresa no fueron suficientes para garantizar la recuperación de la región: “Por mucho que el causante [Braskem] intente repararlo, la indemnización no será suficiente para restablecer la calidad y las condiciones anteriores”.
En una declaración a Diálogo Chino, Braskem afirmó que se ha completado el 70% del plan de cierre de la mina y que los trabajos finalizarán a mediados de 2025. En una carta emitida en 2023 en la que proponía sus compromisos con la comunidad local, la empresa también enumeraba las medidas compensatorias que se han adoptado o están en curso, como la creación de una red de supervisión del uso sostenible del agua e inversiones en proyectos de plantación de manglares para proteger las especies locales.
No obstante, persisten las quejas de la comunidad. Los pescadores y mariscadores locales, por ejemplo, lamentan la disminución de las poblaciones del molusco sururu en las aguas cercanas. Según Natallya Levino, profesora de la Universidad Federal de Alagoas, el sururu es crucial para la subsistencia de los habitantes de la laguna de Mundaú. También desempeña el importante papel en la purificación del agua y, en el proceso, funciona como indicador de la salud del ecosistema acuático, señala.
El declive del molusco “podría afectar a toda la comunidad, ya que quienes dependen del sururu son económicamente vulnerables”, afirma Levino.
Neirevane Nunes es bióloga y miembro del Movimiento Unificado de Víctimas de Braskem, un grupo activista local. Durante 40 años vivió en Bebedouro, uno de los barrios de Maceió afectados por las grietas del temblor y los hundimientos, hasta que fue desalojada del lugar en 2021. “Recibimos una indemnización irrisoria de Braskem después de tres años luchando con la fiscalía por una valoración justa”, cuenta.
Además de víctima del accidente, la bióloga monitorea la salud medioambiental de la laguna de Mundaú. Aunque faltan datos concluyentes, afirma que el aumento de la salinidad causado por el derrumbe de la Mina 18 podría provocar la deshidratación del sururu, poniendo en peligro su supervivencia.
“Además de este estrés fisiológico, para que el sururu pueda adaptarse a los cambios de salinidad, tiene que enfrentarse a otros desafíos, como la polución y la contaminación histórica de la laguna de Mundaú”, añade.
Las orillas de la laguna también han sufrido los impactos de la ocupación urbana, en parte ilegal, así como de la falta de saneamiento, y de otras actividades económicas, como el cultivo de caña de azúcar y el funcionamiento de frigoríficos.
Además, a lo largo de los años se han vertido en sus aguas ácido clorhídrico, un subproducto del proceso de producción del PVC, y otras sustancias diversas, según Marques. Sin embargo, él y otros expertos afirman que faltan estudios sobre los daños causados por esta contaminación.
En respuesta a las preguntas de Diálogo Chino, Braskem afirmó que, desde su creación, la empresa ha cumplido todos los requisitos de autorización. No respondió a las preguntas sobre el vertido de residuos, incluyendo si alguna vez había vertido sustancias en el agua a sabiendas.
Pescar o ‘morir con el estómago vacío’
Desde los tres años, Mauro Pedro dos Santos ha ayudado a su padre a pescar. Este hombre de 53 años es presidente de la Colonia de Pescadores de Bebedouro, situada a orillas de la laguna de Mundaú, una zona que ahora está desocupada. Santos recuerda con nostalgia los días en que la región estaba repleta de imponentes manglares. “Había un tipo de manglar, conocido como siriba, que alcanzaba los 30 metros de altura”, cuenta.
En aquella época abundaban en la zona diversas especies de cangrejos y peces, incluidas los peces morenas. “Cuando llovía, los cangrejos salían de los agujeros y los agarrábamos”, añade Santos. “Algunos los vendíamos, otros nos los comíamos”, dice.
Aunque reconoce que diversos factores han contribuido al declive de las especies, el pescador no exime de responsabilidad a Braskem. Santos afirma que en los últimos 15 años los impactos se han hecho más evidentes, con la reducción de los manglares y el colapso del suelo debido a la extracción de sal de roca.
“Ha llegado un punto en que los lugares donde solíamos buscar cangrejos y pasear entre los manglares tienen ahora entre cinco y seis metros de profundidad. Los manglares prácticamente han desaparecido”, señala.
Mientras esperan la indemnización prometida por la empresa ―un único pago de sólo tres meses del salario mínimo, que asciende a 4236 reales (854 dólares)― para asegurarse una captura, muchos pescadores hacen caso omiso de la actual prohibición de pescar y navegar cerca de la mina derrumbada.
“Las facturas llegaban, pero el dinero no entraba, y los pescadores preferían ir a pescar y ganarse la vida que morir con el estómago vacío”, dice Santos. El 22 de febrero, las autoridades locales redujeron la zona vedada a la pesca en la laguna, declarando que se había controlado el riesgo de un nuevo desastre. Pero Santos se muestra escéptico ante la nueva directiva, alegando que los impactos en el lugar se han ignorado durante décadas.
Cree que la norma responde a la estrategia de Braskem, que defiende que sólo se cierre una zona, como forma de reducir la indemnización a los pescadores. Según los cálculos de Santos, 1.800 pescadores deberían ser indemnizados por perder su fuente de sustento. Cuando se le pidió una cifra, Braskem declinó hacer comentarios al respecto.
“Se han limitado a reducir la zona afectada para dar la impresión de que no hay riesgo para los pescadores”, señala Santos. “Si hay más hundimientos y muere gente, a la empresa le saldrá más barato indemnizar a las familias de cinco o seis personas que a todos los pescadores que han perdido su fuente de sustento”, concluye.
Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino.
RV: EG