GINEBRA – La ley que favorece la prescripción y amnistía en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, promulgada este viernes 9 por el Congreso de Perú, contraviene las obligaciones de ese país en virtud de las leyes internacionales, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, declaró el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.
El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien en 2010 fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su mandato (1990-2000) sería el más destacado beneficiario de la nueva ley.
El nuevo texto legal establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”.
En esa fecha entraron en vigor para Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que data de 1970 y de la cual son partes 13 países de América Latina y el Caribe.
Türk consideró que la adopción de la ley “es especialmente preocupante en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú”.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”: Volker Türk.
Su oficina expuso que con la promulgación de la ley queda suspendido el proceso judicial en curso al expresidente Fujimori, así como las investigaciones de atropellos de los derechos humanos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990.
Eso incluye no solo masacres de campesinos, estudiantes y personas privadas de libertad sino también procesos como las esterilizaciones forzadas de indígenas, que afectaron a unas 350 000 mujeres y 25 000 hombres.
Lamentó que la ley anulará las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Fujimori.
El exmandatario de 86 años salió de prisión por razones humanitarias el año pasado, y de acuerdo con portavoces de su corriente política se dispone a presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en las elecciones previstas para 2026.
En junio pasado, un grupo de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esta ciudad suiza, se había pronunciado ya contra la adopción de la ley cuando se discutía su borrador en el Congreso.
“La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual Perú debe adherirse”, dijeron los expertos en esa oportunidad, pero el Congreso peruano mantuvo su proyecto.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido suspender el trámite legislativo de la “Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, como se denomina el nuevo texto.
En particular, la Corte consideró que la nueva ley bloquea el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que juzga ese tribunal hemisférico.
En el caso Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991 un comando del grupo Colina del ejército irrumpió en un edificio de Lima donde se celebraba una fiesta, forzaron a los asistentes a arrojarse al suelo y masacraron al menos a 15 personas.
En La Cantuta, sector de la capital peruana, el grupo Colina secuestró y asesinó a un profesor y nueve estudiantes universitarios el 18 de julio de 1992.
Türk insistió en que “la falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”.
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