GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este martes 13 la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente durante las recientes protestas en Venezuela y denunció el “clima de miedo” resultante del uso desproporcionado de la fuerza en ese país.
Türk dijo que “es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”.
Su oficina (Acnudh) recordó que según las autoridades más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio, el día siguiente a la elección presidencial, cuando estallaron fuertes protestas en varias ciudades para denunciar un fraude.
La elección fue ganada por el actual mandatario, Nicolás Maduro, con cerca de 52 % de los votos, según proclamó el Consejo Nacional Electoral, mientras que la oposición asegura que su contendor Edmundo González obtuvo una clamorosa victoria, con al menos 67 % de los sufragios.
La cifra de detenciones incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, u miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos.
Asimismo, los testigos que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.
En la mayoría de los casos documentados por Acnudh en esta ciudad suiza no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos casos constituirían desapariciones forzadas.
“Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas”, dijo el alto comisionado.
Expuso que “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes por parte de personas armadas que apoyan al gobierno, algunos de los cuales resultaron en muertes, no deben repetirse”.
Oficialmente se informó de la muerte de 25 personas en las protestas y desórdenes que siguieron al anuncio oficial de la victoria de Maduro, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional, policía militarizada.
La declaración de Türk señaló que también ha habido informes de actos de violencia contra funcionarios y edificios públicos por parte de algunos manifestantes, y puntualizó que “la violencia nunca es la respuesta”.
“Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos”, manifestó.
Por otra parte, su declaración indica que “al parecer, en las redes sociales circulan listas de personas buscadas por presuntamente promover la violencia, incluyendo miembros de la oposición y periodistas”.
También hay llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión.
En ese clima, Türk agregó su preocupación por la posible adopción del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
La Asamblea Nacional legislativa de Venezuela, casi en su totalidad oficialista, se apresta a reiniciar la discusión y sanción de ambos textos, fuertemente criticados por organizaciones de derechos humanos porque conducirían a cercenar libertades políticas y civiles.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático, en el interés de la cohesión social y el futuro del país”, dijo Türk.
Agregó que “también me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo. Todo esto exacerba las tensiones y fragmenta aún más el tejido social de Venezuela”.
“La comunidad internacional tiene un papel fundamental para promover un diálogo inclusivo, con los derechos humanos de todos los venezolanos en el centro. Como siempre, mi oficina está dispuesta a apoyar”, concluyó el alto comisionado.
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