La decisión adoptada por la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones por la cual se aparta al juez Richard Concepción Carhuancho de los casos que involucran a Keiko Sofía Fujimori y a otros conspicuos integrantes de la plana dirigencial del llamado partido Fuerza Popular, ha despertado la atención y la consiguiente preocupación de la ciudadanía. Grandes sectores de la población creían que la administración de justicia se estaba encaminando, por fin, de manera correcta y que, a diferencia de otros tiempos, era posible que ahora ésta cumpliera sus altos fines, a la hora de sancionar, con pruebas irrefutables, a los poderosos.
Pero no ha sido así por obra de la Sala en mención integrada por los magistrados César Salhuanay Calsín, Jessica León Yarango e Iván Quispe Auca, los mismos que tomaron el acuerdo unánime en perjuicio del bien ganado prestigio del juez, amparándose en una declaración de este, referida a la constante intromisión del partido neofujimorista y que había demostrado el afán de politizar un proceso que, por su imparcialidad, se venía mostrando como un ejemplo a seguir en un país, en donde la corrupción ha llegado a extremos.
Lo resuelto se ha producido, por lo demás, de manera sorpresiva, venciendo tiempos y sin que se ventilara en audiencia el análisis del fallo. ¿Por qué se ha procedido de tan criticable manera? ¿Esa es la forma correcta como se debe tratar una recusación contra un juez, ajeno a expresiones o comportamientos que hicieran dudar de su respeto por la ley? son algunas de las interrogantes que ahora se hace la ciudadanía.
La indignación del pueblo frente a lo ocurrido se justifica, más todavía cuando la recusación tiene una procedencia, por decir lo menos, extraña, de escritos formulados por el defensor legal de un personaje como Jaime Yoshiyama, quien se mantiene en el extranjero a pesar de que a estas alturas debería estar cumpliendo la detención preventiva de 36 meses, tal cual había solicitado el Fiscal Superior que ve el caso y que dio lugar a la aprobación del juez Concepción Carhuancho.
Hay aspectos que seguramente saldrán a luz ante un hecho tan grave. No se trata de una resolución cualquiera. De por medio se corre el riesgo de que la labor investigativa cumplida en torno al caso los cócteles, con la concurrencia de falsos aportantes y la procedencia irregular de millonarias sumas de dólares para financiar las campañas políticas, se puedan venir abajo y quienes están cumpliendo carcelería, salgan en libertad como paso consiguiente. Estas posibilidades surgen en diferentes escenarios del foro judicial. El descrédito de algunos magistrados abonan a favor de tal creencia.
Por otra parte, la resolución de la Segunda Sala presidida por Salhuanay, tampoco, juega en solitario. Existen hechos que se dan en otros escenarios, pero que guardan estrecha relación con la corrupción. Tal, por ejemplo, lo que acontecerá con las acusaciones constitucionales que involucran al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chavarry y que faltan debatir en el pleno del Congreso. Es cierto que se dio batalla ante el titular de la subcomisión, que practicamente había encarpetado los expedientes, pero la lucha no ha concluído. Tal también lo que quizá sobrevenga con la firma del convenio que se firmará con la empresa Odebrecht y que promete destapar otros grandes sobornos y nuevas pruebas que podrían llevar a prisión a conocidos políticos y empresarios privados. Todo ello, explica el porqué de la preocupación ciudadana y la necesidad de una acción que permita corregir el desatino de la citada Segunda Sala Nacional de Apelaciones.
Es de desear que hayan pasos positivos para acabar con esta terrible corrupción. Los inculpados y quienes se sumarán a esa relación infame, están haciendo lo imposible por salir bien librados. La desesperación los tiene agobiados, pero aún respiran con el aliento de algunos medios, desde los cuales maniobran para que todo muera en las fosas de la impunidad. No sería la primera vez en la historia republicana. Ni la última.