QUILLOTA, Chile – La falta de agua amenaza la existencia de la agricultura familiar de Chile pues obliga a los campesinos a reconvertirse y emigrar.
La escasez es provocada por una sequía de 15 años, pero la desigual distribución deriva del Código de Aguas dictado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que convirtió el agua en mercancía transable y dio a sus propietarios derechos a perpetuidad.
Se añaden problemas como la acumulación de derechos de agua en grandes agroexportadoras y la especulación inmobiliaria con tierras de pequeños campesinos arrastrados a vender.
“No tenemos agua para consumo humano. En Canela más de 80 % de la población depende del camión aljibe que entrega diariamente 50 litros de agua por persona. Es difícil vivir con esa cantidad”, dice a IPS Julieta Cortés, de 52 años, presidenta de la Agrupación de Mujeres Rurales de ese municipio.
Ubicado en la región de Coquimbo, a 400 kilómetros al norte de Santiago, Canela, con más de 11 000 habitantes, se caracterizaba por su ganado caprino reducido actualmente a la mitad. Sus agricultores producían antes trigo y cebada. Hoy apenas unas hortalizas, sus árboles frutales se secan y sus animales mueren de sed.
“Los campesinos y campesinas no tenemos acceso a derechos de agua controlados por quienes tienen dinero y pueden comprarlos y reubicarlos”: Julieta Cortés.
En contraste, las extensas plantaciones de paltos, como se llama localmente a los aguacates, para la exportación, tienen agua y reverdecen en las laderas frente a los valles secos.
Chile tiene en la agroexportación una de sus mayores fuentes de ingresos, junto con la minería. El 2023 el sector agroexportador aportó 3,54 % al producto interno bruto, equivalentes a 10 090 millones de dólares.
Los problemas de agua se concentran en zonas rurales aisladas y que no cuentan con capacidades técnicas, económicas y de infraestructura.
“Los campesinos y camposinas no tenemos acceso a derechos de agua controlados por quienes tienen dinero y pueden comprarlos y reubicarlos”, sentencia Cortés en una entrevista por teléfono.
“Por mi comuna (municipio) pasa la parte baja del río Choapa y todos quienes vivimos aquí no tenemos acceso al agua que se queda arriba, en la minera Los Pelambres y en las grandes agroindustrias del trayecto”, precisa.
No falta de agua, hay inequidad
En la publicación Guardianas del Agua, de la Fundación alemana Heinrich Boll Stiftung, Macarena Salinas e Isaura Becker indican que 47,2 % de la población rural chilena no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable ni de riego.
En este país sudamericano, unas 950 comunidades no forman parte del programa Agua Potable Rural (APR) y obtienen agua desde fuentes informales como pozos, vertientes y camiones aljibes.
La publicación revela que entre 2016 y 2021 el Estado invirtió el equivalente a 150 millones de dólares para abastecer con camiones aljibes las zonas con escasez.
“Mientras que los comités y cooperativas de APR necesitan de agua potable y se abastecen a través de medidas de emergencia, hay personas naturales y empresas que cuentan con un superávit hídrico y pueden lucrar a través de la venta de agua mediante camiones aljibes”, sostienen Salinas y Becker.
Por lo tanto, remarcan, “más que una falta de agua existe una desigual distribución del recurso”.
La sequía de Canela se repite en otros áreas del alargado territorio chileno, con 19,5 millones de habitantes que viven entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
La escasez de lluvias se prolongó por 15 años, dio un respiro el 2023 y es una incógnita qué ocurrirá el 2024.
“Tenemos un modelo de agua privatizada donde el eje y la prioridad siempre ha sido mantener el derecho a propiedad por sobre el derecho humano de acceso al agua”: Evelyn Vicioso.
En Canela los campesinos sobreviven usando agua reciclada desde lavadoras y baños o cosechada desde techos o con atrapanieblas, los sistemas que se utilizan para captar o atrapar las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina, bastante usados en Chile.
“Nos hemos ido reinventando. Incluso rescatamos agua del rocío. Muchos nos reconvertirnos, otros emigraron”, cuenta Cortés desde su comunidad, Carquindaña.
Rosa Guzmán, de 57 años, tiene junto a tres hermanos un predio de 40 hectáreas en San Pedro, una comunidad de unos 5000 habitantes, en el municipio de Quillota, a 126 kilómetros al norte de Santiago, dentro de la región de Valparaíso.
Solo explotan cuatro hectáreas con hortalizas y 2,5 con aguacates pues no tienen dinero para extender sus cultivos.
“A veces quedamos sin agua para la casa pues los pozos tienen 10 metros. Se llenan con infiltraciones de dos canales que nunca tienen agua”, cuenta durante un recorrido con IPS por la finca colectiva de los hermanos.
Guzmán es directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y presidenta de la organización ambiental de su comunidad San Pedro Digno.
Anamuri es una organización fundada en 1998, compuesta únicamente por mujeres, que organiza y promueve el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas de este país. También construye relaciones de igualdad, considerando la condición de género, clase y etnia en un medio del respeto entre las personas y la naturaleza.
“Antes recolectaba yerbas medicinales en la orilla del canal, pero ahora no hay. Se secaron las fuentes naturales. Ese problema es grave, pero hay gente que no tiene agua para tomar y eso es gravísimo”, se lamenta.
Según esta lideresa campesina, el Estado abandonó a la pequeña agricultura.
“Sería muy distinto si el Estado pusiera un peso más en la pequeña agricultura y nos diera créditos blandos o subsidios. Tiene que poner atención a lo que está pasando porque a este paso, me duele decirlo, la agricultura familiar campesina puede desaparecer en Chile”, sostiene.
Modelo agroexportador en la mira
La escasez hídrica afecta directamente el modo de vida de los campesinos y suele llevarlos a experiencias de sufrimiento ambiental.
“La falta de agua segura impacta las economías domésticas y comunitaria sobre todo para familias que sostienen su alimentación a partir de la agricultura familiar campesina”, afirman Salinas y Becker.
Guzmán critica el modelo agroexportador y pide volver a sembrar trigo, lentejas, garbanzos, productos que forman parte de la seguridad alimentaria chilena. Pero, subraya, para hacerlo se necesita el soporte de créditos blandos o subsidios.
“Debemos ser soberanos de nuestro alimento. Pero si los pequeños agricultores pierden todos los años, muchos terminan vendiendo. Queremos vivir bien y sin perder nuestra identidad y nuestros saberes”, subraya.
La socióloga Evelyn Vicioso, directora ejecutiva de Chile Sustentable, critica el modelo agroexportador porque “es súper intensivo en uso de agua y es súper irresponsable en los cultivos. Pero, sobre todo, porque no resuelve un problema como país que es la disponibilidad de agua para muchas comunidades”, subrayó.
“Nosotros nos alimentamos particularmente de la agricultura familiar campesina y si desaparece tenemos un problema de costos y distribución. Los grandes agricultores piensan en asegurar la soberanía alimentaria de cualquier país menos de sus propias comunidades”, dijo a IPS en Santiago.
Gestión de cuencas, lento despegue
Para avanzar en justicia climática en un escenario de escasez hídrica, muchos expertos coinciden en la necesidad de gestionar las cuencas hidrográficas con consejos representativos.
“Nuestro país tiene una masa de cordillera gigante, pero hoy día no tenemos una aplicación que permita vincular lo que ocurre en las cabeceras de cuenca con lo que va ocurriendo más abajo”, planteó Vicioso.
Enumera una seguidilla de fracasos para crear consejos de cuencas pues desde 1994 hubo 25 intentos y solo funciona uno.
No hay voluntad para formarlas, especialmente de propietarios de derechos de agua.
“Tenemos un modelo de agua privatizada donde el eje y la prioridad siempre ha sido mantener el derecho a propiedad por sobre el derecho humano de acceso al agua”, afirmó Vicioso.
Salinas y Becker lamentan que las reformas al Código de Agua (2005) no sean retroactivas.
“Esto genera las condiciones para que los titulares de Derechos de Aprovechamiento exploten el agua desde una lógica económica, desfavoreciendo el desarrollo de usos con fines no extractivos, como los ancestrales y ecológicos”, sostienen.
La norma dificulta una gestión integrada del ciclo del agua, pues no considera la cuenca hidrográfica como unidad mínima, no establece mecanismos para gestionar conjuntamente aguas superficiales y subterráneas y permite seccionar los ríos.
La especulación con la tierra
En Quillota hay una creciente venta de terrenos agrícolas a inmobiliarias que los revenden como parcelas de recreo familiar, no productivas.
Desaparecen así árboles nativos y se reduce la esperanza de recuperar la agricultura familiar.
“La tierra se convirtió en un negocio. Se vende en 60 millones de pesos (60 000 dólares) media hectárea que a veces ni siquiera tiene agua. Ese valor atrae a la gente vender”, detalla Guzmán.
Estas parcelas aumentarán la demanda de agua y también la deforestación porque el estatal Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no tiene capacidad de control.
“Se están parcelando todos los cerros y a esa gente le llevan agua con camiones aljibe”, relata Guzmán.
La migración desde campos es forzada por el cambio climático.
En Canela, cuenta por su parte Cortés, antes migraban jóvenes, pero ahora son familias que se van a ciudades cercanas buscando acceder al agua
Según Guzmán, “los jóvenes no se quieren quedar en el campo y las mujeres dicen que no es rentable ni criar gallinas”.
Cortés agradece el agua de camiones, pero subraya que el problema de fondo es restaurar la gestión de cuencas.
“Para restaurar se deben asignar recursos. Y para eso necesitamos forestar, hacer cortinas que retengan la escasa lluvia y restaurar el sistema hidrológico”, insiste.
Vicioso denuncia que “hay desprotección de los glaciares, que son cabeceras de cuencas de donde viene el agua”.
La socióloga urgió también replantear el uso intensivo de agua en actividades productivas.
“Tenemos un problema político de fondo con agua que tiene un alto valor de mercado y un Estado que no se atreve, no quiere y no busca las herramientas para intervenir ese mercado desregulado, al igual como es el tráfico de drogas”, aseveró.
ED: EG