BRUSELAS.- La Comisión Europea dio un mes de plazo al gobierno de Polonia para rectificar los cambios legales que menoscaban la separación de poderes mediante “reformas” encaminadas a politizar la Justicia,
La respuesta a esa batería legislativa que entre otras decisiones rebaja la edad de jubilación obligatoria de los jueces del Tribunal Supremo es considerada por muchos una clara afrenta a la independencia judicial.
La Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker, anunció este lunes la apertura urgente de un procedimiento de infracción contra Polonia que puede acabar llevando al gigante del Este ante el Tribunal de Justicia de la UE y suponiendo la imposición de sanciones económicas.
No obstante Polonia ignora a Bruselas y avanza en sus reformas antidemocráticas
La polémica nueva ley, que entra en vigor mañana martes, supone la más que probable salida forzosa de 27 de los 72 magistrados antes de que finalice su mandato, debido a la reducción de la edad de retirada obligatoria.
Entre ellos está su primera presidenta, Malgorzata Gersdorf, muy crítica con el partido del Gobierno, Ley y Justicia (PiS).
Además, amplía el número total de jueces a 120, con lo que se estima que unos dos tercios de ellos podrán ser nombrados a dedo por el partido en el poder.
Bruselas insiste en que las medidas socavan la independencia del poder judicial e incumplen los tratados europeos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y ha dado un mes a Polonia para dar respuesta a la misiva de emplazamiento, el primer paso para iniciar un procedimiento que puede demorarse años.
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Jacek Czaputowicz, reiteró este lunes que no abandonará la reforma de la justicia e insiste en que la reforma del sistema judicial es competencia exclusiva de los Estados. «Estamos dispuestos a demostrar eso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», trató de zanjar Czaputowicz.
Las protestas se han multiplicado en varias ciudades polacas, y algunos jueces afectados han mostrado su disposición a desobedecer tildando la norma de «inconstitucional». Un elemento que agudiza aún más la polarización que vive el país desde que, tras ganar las elecciones en 2015, el PiS emprendió a fondo una deriva autoritaria que para muchos está haciendo peligrar el Estado de derecho.
La reforma de la justicia es solo el penúltimo capítulo de otras, como la del Tribunal Constituciónal, la ley que regula los medios de comunicación públicos, que ahora favorece su control político. En trámite están otras, como una gran reforma educativa. (ECHA-Agencias)