El comunicado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de IDL-Reporteros y Panorama es un llamado de atención al Estado peruano y tiene un valor como mecanismo supranacional, advirtió el relator Edison Lanza.
Fue al comentar el comunicado R151/18 en el que dicho organismo manifiesta su preocupación respecto a intimaciones dirigidas a periodistas por parte de una fiscalía y del Congreso de Perú, que amenazan su derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes en el contexto de investigaciones periodísticas que revelarían hechos de corrupción en el ámbito del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura (CNM).
“Obviamente un comunicado de un organismo internacional creo que es un llamado de atención para el Estado de primer nivel, porque se trata de que supervisamos el cumplimiento de las obligaciones [en torno a temas de libertad de expresión y protección de la fuente periodística], No le daría menor valor que otros instrumentos.”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Con todo el respeto, todo el mundo tiene derecho a pronunciarse y, además, y si el organismo que está llamado por los estados a supervisar estos aspectos llama la atención, y lo hace en forma reiterada, creo que todo el Perú debería darse una discusión sobre qué está con el respeto a estos derechos en Perú”, indicó.
Indicó que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son muy claros, en el sentido de que el derecho de la reserva de las fuentes, no solo de la identidad de quienes entregaron el material, sino también de los documentos que se utilizaron para la investigación, forman parte del derecho a buscar y recibir información sin sufrir represalias.
“Eso lo ponemos de manifiesto, y sin perjuicio que también lo que hay en el fondo es un hecho de presunta corrupción [que se escucha en los audios], que la Cumbre de las Américas en Perú fue relativa al tema del combate de la corrupción y todos los estados de la región incluido Perú, se comprometieron al combate de la corrupción, y uno de esos elementos es el respeto al trabajo del periodismo”, subrayó.
Respetar los compromisos
Refirió que la Relatoría tiene que actuar de acuerdo a derecho, y actúa en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH; que fue aprobado por la Asamblea General de la OEA.
Apuntó que, en el derecho internacional, el Estado en su conjunto tiene que respetar, de buena fe, los compromisos que asumió. Recordó que la Convención Americana fue ratificada por el Congreso peruano a fines de la década del setenta.
“Obviamente, el Perú reconoce la jurisdicción de la CIDH y la Corte, y estos son los principios que forman parte del marco jurídico interamericano, en el caso del derecho internacional. Obviamente, frente a la Constitución y la ley, los funcionarios de cada país tienen plena obligación de cumplirla”, precisó.
“Por ahí la preocupación en cuanto a que el actor estatal, lo que trata de hacer, y lo hemos dicho en los casos de Venezuela y Nicaragua, no es una intromisión en la soberanía, sino que el derecho internacional de los derechos humanos es un límite a la soberanía que los estados han aceptado para respetar los derechos individuales y los de libertad de expresión”, declaró.