MADRID (España).- Capitales de provincia y ciudades de toda España han celebrado hoy concentraciones, caceroladas y otros actos de protesta ante sedes judiciales y en plazas céntricas contra la sentencia del Tribunal Supremo que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados.
Las protestas, que en algún caso han exigido la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, se han desarrollado el mismo día en que centenares de personas se han reunido ante la sede del Alto Tribunal en Madrid para reclamar una ley que obligue a los bancos a devolver el gasto en los impuestos ligados a la concesión de hipotecas.
Las movilizaciones en las ciudades han sido convocadas por los partidos de izquierda, Podemos e Izquierda Unida, así como por otras organizaciones políticas, sindicales, sociales y de consumidores.
Más allá de Madrid, una de las manifestaciones más multitudinarias ha tenido lugar en Sevilla (sur de España), donde casi un millar de personas se han concentrado frente a los juzgados en un acto en el que los líderes sindicales han instado al Gobierno a cambiar la ley hipotecaria para que los trabajadores dejen de pagar «los platos rotos de las políticas de austeridad y los desmanes de la banca».
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