Los periodistas Julio Dante Ancalle Gutiérrez, del diario Correo edición Arequipa, Carlos Navea Paredes de Correo edición Lima y el director del matutino Iván Slocovich Pardo han sido querellados por el congresista y candidato a la reelección Marco Falconí Picardo quien demanda una reparación civil de 10 millones de soles (aproximadamente 3 millones de dólares) por el daño moral que las revelaciones periodísticas del medio le habrían ocasionado.
El proceso se sigue en el Primer Juzgado Mixto del Módulo de Justicia de Paucarpata. En el caso del director del diario Iván Slocovich y el periodista Carlos Navea el proceso alude a una nota periodística publicada el 16 de agosto del 2014. Al periodista Julio Ancalle se le sindica por una nota publicada en la sección política del diario el 14 de agosto del 2014 en la que denunció que el congresista Falconí Picardo recibió sueldo y aguinaldo por fiestas patrias pese a estar con licencia en el Congreso por su decisión de postularse a la presidencia del Gobierno Regional de Arequipa. El periodista basó su denuncia en documentación oficial del Poder Legislativo en el que se confirmaba que se hizo el depósito de dicho dinero a la cuenta del congresista. Falconí Picardo alega que dicha información es falsa y que él devolvió ese dinero depositado por error administrativo en su cuenta.
Además de este proceso judicial, en la provincia de Arequipa, funcionarios del gobierno regional han querellado a las periodistas Zenaida Condori Contreras y Nery Alemán. En el primer caso la jueza ha fallado a favor de la periodista considerando que con la denuncia periodística que realizó no cometió ningún delito.
Ante la creciente persecución judicial contra la prensa independiente en Arequipa el reciente viernes 18 de marzo periodistas de diversos medios de comunicación radiales, escritos, televisivos y digitales se movilizaron demandando respeto a la libertad de informar actos irregulares por parte de funcionarios públicos y autoridades.
Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú las querellas contra periodistas son inevitablemente instrumentos de mordaza. Lo que los funcionarios públicos intentan es crear una atmósfera de miedo o temor entre quienes tienen la responsabilidad de informar. La ANP deplora, además, que se apele a exigir indemnizaciones millonarias impagables para periodistas y medios de comunicación.