Con la finalidad de analizar la problemática del arbitraje laboral y encontrar puntos de vista consensuales que sirvan como base de una propuesta legislativa, la parlamentaria Sigrid Bazán Narro (CD-JP) organizó una mesa de trabajo en la que participaron dirigentes de diversos gremios de trabajadores del país.
La intención, sostuvo Bazán Narro, es presentar, ya sea una modificatoria de la ley, o una nueva norma que, entre otros puntos, regule expresamente esta figura laboral, ya que lo que se ha observado es una insuficiencia en el reglamento.
A partir de allí, indicó, es necesario regular “los conflictos de interés”, sobre todo en el particular caso de la participación de “los estudios de abogados”; o revisar los “mecanismos de recusación de árbitros, que no signifique la procedimentalización del arbitraje”.
Debemos buscar la celeridad en la emisión del laudo arbitral, esto es, los plazos de observancia obligatoria, señaló; establecer garantías para el cumplimiento del laudo; y “evitar nulidades judiciales inducidas por actos de mala fe, como cuando el empleador no proporciona información económica y financiera”.
“En el caso de mediación y arbitraje en conflictos colectivos, lo esencial es que todos los miembros de los órganos encargados de esas funciones, no solo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan”, expresó.
De esto, manifestó, “depende realmente el funcionamiento eficaz del arbitraje, aun cuando sea obligatorio”. Por lo cual, la decisión (laudo arbitral) que adopte el tercero es vinculante para las partes.
La reunión contó con la presencia de los principales directivos de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, el Sindicato de Pescadores José Olaya de Chimbote, Sindicatos de Empleados de Siderperú, Sindicato de Aceros Arequipa, Centro de empleados el Banco Continental, Sindicato de Trabajadores de Rímac Seguros.
Luego de una ronda de intervenciones, la legisladora y su equipo de asesores, saludaron sus aportes, que sintetizaron en la necesidad de regular correctamente el arbitraje, no ver el arbitraje como un procedimiento administrativo, evaluar el tema tarifario, analizar más el tema de los conflictos de interés con el fin de garantizar seguridad jurídica o la vigencia de los laudos arbitrales.