La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó hoy jueves el informe de opinión favorable al otorgamiento de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, por un lapso de 90 días.
El documento, aprobado por unanimidad, anota que las facultades delegadas servirán para que el Poder Ejecutivo desarrolle una legislación no solo en el ámbito de lo urgente, sino también de lo importante para enfrentar el flagelo de la inseguridad ciudadana.
Agregó que las facultades también permitirán modificar la estructura organizacional del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP), mejorar la política migratoria, la Superintendencia de Migraciones y la regulación de la seguridad fronteriza.
El grupo de trabajo también precisó en su informe que es ineludible que se cumpla el principio de constitucionalidad en el marco normativo que emitirá el Poder Ejecutivo.
Anota que como bien señala el Tribunal Constitucional, la limitación total a los derechos fundamentales es inconstitucional y la extensión de restricciones a ellos requiere de una reforma constitucional, más aún cuando la propia Constitución establece competencias a órganos autónomos constitucionales con fines determinados.
Comisión de Defensa: Aprueban delegación de facultades para seguridad ciudadana y lucha contra crimen organizado. https://t.co/dCn73XeBtN pic.twitter.com/ik5wKfIC3l
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 22, 2016
SUGERENCIAS
El informe, que será remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento contiene también 27 sugerencias de congresistas de diferentes bancadas, entre ellos de Richard Arce (FA), Gino Costa (PPK), Edwin Donayre (APP), Daniel Salaverry, Marco Miyashiro, Octavio Salazar, César Segura y Luis Yika (FA).
Miyashiro, por ejemplo, sugirió que se considere a la micro comercialización de drogas dentro del ámbito del control de la Dirandro, mientras Salazar propuso que considere los convenios suscritos entre la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y la PNP para los casos de delitos de robo efectuados a sedes bancarias y financieras.
Por su parte, Segura recomendó que se considere otorgar mayor presupuesto a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que esa entidad cuente con las mejores condiciones para realizar un mejor trabajo de control migratorio y proceda de manera efectiva a la expulsión de los extranjeros que cometen actos contrarios a la ley dentro de nuestro territorio nacional.
A su turno, Costa propuso que se adecúen las jurisdicciones policiales a las jurisdicciones políticas a nivel distrital, provincial y regional el nombramiento de una autoridad única en cada jurisdicción, responsable del manejo de todos los recursos institucionales utilizados en ella, el patrullaje integrado con los centros de comunicación municipal durante las 24 horas del día.
ANDINA