El Pleno del Congreso aprobó la tarde de este jueves un proyecto de ley mediante el cual se aplicará en el país una política de búsqueda de personas desaparecidas en el período de violencia correspondiente a los años 1980 al 2000, labor que será coordinada por Ministerio de Justicia y de entidades vinculadas al tema.
La norma, que es fruto de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, fue sancionada por 68 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones y fue exonerada de segunda votación.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP), refirió que la norma busca que los restos de las personas desaparecidas a manos de las hordas terroristas puedan ser ubicados por sus familiares.
La iniciativa, añadió, implica una medida humanitaria y que permita terminar con el suplicio de muchas personas que no saben si sus parientes fallecieron, están desaparecidos o dónde estarán.
“Es una ley con un contenido de carácter humanitario. Esta era una deuda pendiente del Estado (…)”, subrayó Juan Carlos Eguren.
Detalló que actualmente, para realizar la búsqueda, se requiere de una denuncia penal. Pero muchos no lo hacen para protegerse y evitar peligros. .
Explicó que la Defensoría del Pueblo planteó el proyecto en un tema que fue iniciado a través de un informe en el que participó con otras entidades en el Ministerio de Justicia y que abordaron el tema de los derechos humanos y los casos de desapariciones.
Adelantó que el Ministerio de Justicia liderará la búsqueda de desaparecidos y se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
También, se plantea que en 90 días, luego de la entrada en vigencia de la norma, se apruebe el Plan Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas. Ello se hará con cargo a los presupuesto de las entidades involucradas.
La legisladora María Pérez Tello (PPC-APP) dijo que el trabajo fue iniciado en 2012, cuando ella presidió la Comisión de Justicia.
Recordó la labor cumplida antes por el Ministerio de Justicia y entidades como el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y otras entidades involucradas.
Sostuvo que no se había coordinado los esfuerzos hacia esos objetivos y cada organismo actuaba por su cuenta y sin una medida conjunta e interrelacionada.
La parlamentaria sostuvo que en el país hay unas 16 mil personas desaparecidas y se dice que en Ayacucho hay fosas en caminos de esa región.
El legislador José Urquizo Maggia (NGP) saludó que el proyecto sea una iniciativa de la Defensoría del Pueblo y respaldó la propuesta a nombre de su bancada.
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Por su parte, el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre (AP-FA) calificó de muy importante la propuesta, porque se trataba de curar una llaga pendiente en el país y que afecta a miles de familias peruanas.
Indicó que se debe hablar no solo de los sitios de entierro, sino también de aquellos lugares públicos en los cuales se habría dado casos de torturas, asesinatos y hasta desapariciones de personas, muchas de ellas luchadores sociales.
Planteó que se incluyera un artículo señalando que todas las denuncias sobre ello deben ser obligatoriamente respondidas por las autoridades ante pedidos de los familiares. Además, esos casos deben ser judicializados, según sostuvo.
ANDINA
como anticipandose a posibles revueltas tras los comisios?