La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que preside Lady Camones (APP), analizó 9 informes de informe de calificación de denuncias constitucionales en contra de altos funcionarios del Estado. De estos, 5 fueron declarados procedentes y 4 improcedentes.
Con 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención se aprobó el informe de calificación que declara procedente la Denuncia Constitucional 469 en contra del fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, por el presunto delito de la negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
El caso tiene que ver con la contratación que solicitó, en el 2017, el juez supremo a favor de su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña en la Corte Superior del Callao, que dirigió Walter Ríos Montalvo.
Luego, con 13 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, se aprobó el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional 432 en contra de la exparlamentaria Luciana Milagros León Romero, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado.
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Del mismo modo, la procedencia de la Denuncia Constitucional 437 en contra del exministro del Interior, Alfonso Gilberto Chávarry Estrada, por la presunta comisión del delito de nombramiento indebido para cargo público.
Asimismo, se evaluó el informe de calificación recaído en la Denuncia Constitucional 289 en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, por la presunta infracción al artículo 39 de la Constitución y los presuntos delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.
Sobre el caso, con 18 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó la procedencia de la denuncia por infracción a la Carta Magna, pero improcedente por los presuntos delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.
También, con 16 votos a favor, cero en contra y 1 abstención, se aprobó el informe que declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional 383 en contra de la exministra de Salud, Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, por la presunta infracción de los artículos 7, 39 y 119 de la Constitución, así como delitos de homicidio culposo y exposición a peligro de muerte. Sin embargo, la procedencia para los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
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IMPROCEDENTES
Otro de los casos que vieron fue el informe de calificación recaído en la Denuncia Constitucional 249, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez Benites, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado.
Al respecto, se indicó que el antejuicio político del exmagistrado se encuentra vencido y, por ello, corresponde remitir a la Fiscalía de la Nación lo actuado. El caso fue declarado improcedente por unanimidad.
Luego, por unanimidad, se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 296 contra Eloy Espinoza – Saldaña Barrera y Oscar Urviola Hani, exmiembros del Tribunal Constitucional, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificado en los artículos 376 y 418 del Código Penal, respectivamente.
Del mismo modo, se aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 329 en contra de los jueces supremos Mariano Salazar Lizárraga, Fidencio Francisco Cunya Celi, y Carlos Alberto Calderón. También se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 376 contra los miembros del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro, por la presunta infracción del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
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