La congresista del Partido Demócrata de EE.UU. Alexandria Ocasio-Cortez, presentó una enmienda a la Ley de Presupuesto Nacional de Defensa de EEUU, para que se suspenda y se condicionen los fondos económicos destinados a los servicios y apoyo en defensa que realiza el gobierno de Joe Biden en Perú.
En resumen, que ninguno de los fondos autorizados por esta ley sean asignados al gobierno peruano para proporcionar, autorizar o apoyar cualquier transferencia de artículos de defensa, servicios de defensa, suministros para el control de multitudes u otro suministro de dicho gobierno, y/o para coordinar ejercicios conjuntos con el Ejército o la Policía peruana.
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Para retomar estas acciones con Perú, la parlamentaria indica que se deberían cumplir ciertas condiciones que el Departamento de Defensa de EE.UU. debería certificar, entre ellas, la celebración de elecciones generales libres y justas en Perú y el cese de la represión contra los manifestantes y las comunidades indígenas.
Asimismo, el documento señala la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre los asesinatos de manifestantes en Perú a partir de diciembre del 2022, realizada por un grupo interdisciplinario de expertos independientes, y que se señale a los responsables de las muertes y que estos sean procesados.
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Además, se pide el cese de la criminalización de la libertad de expresión en el Perú y que el gobierno peruano respete plenamente las libertades civiles, incluido el derecho a la protesta pacífica. Por último, exigen que el gobierno del Perú promueva una sociedad diversa y tolerante y que cese la estigmatización de manifestantes indígenas y rurales.
Expertos de la talla de Ricardo Soberón, abogado y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), criticaron esta medida. «Es altamente inconveniente e inoportuna la entrada de las tropas, por lo delicado de la situación política que vive el país», señaló a un canal de televisión.
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Violación de DD.HH. y lavada de cara ante EE.UU.
Es necesario mencionar que, otros informes como los de la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch indican que la PNP y las FFAA están implicadas en graves violaciones a los derechos humanos producidas durante las protestas que se iniciaron en diciembre del 2022.
Asimismo, es necesario puntualizar que el régimen de Boluarte desembolsó más de 100 mil dólares para contratar a la consultora estadounidense Patriot Strategies con el objetivo de limpiar su imagen ante el gobierno de los Estados Unidos.
Texto: Con información de Wayka