Por unanimidad, el Congreso inhabilitó al expresidente de la República, Martín Vizcarra, en el ejercicio de toda función pública por un periodo de diez años, por considerar que infringió artículos 2, 7, 9, 38, 39 y 118 de la Constitución, al haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra la covid-19 de manera secreta e irregular.
La votación con la que se determinó esta sanción fue de 86 votos a favor sin votos en contra ni abstenciones.
Esta decisión se adopta en un contexto de eventual investidura de Vizcarra como congresista, cargo para el que postuló en las recientes elecciones generales, representando al partido Somos Perú, y para el cual –de acuerdo a reportes de la ONPE- había venido obteniendo la más alta votación.
Además, el Parlamento aprobó, por unanimidad y por el mismo caso que Vizcarra, inhabilitar en el ejercicio de todo cargo público a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por ocho años. 82 votos a favor determinaron esta decisión, sin votos en contra ni abstenciones.
De igual manera, pero con 83 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó sancionar con inhabilitación de un año para la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, quien también recibió la vacuna contra la covid-19 de manera oculta.
El congresista Jim Mamani fue el encargado de presentar los argumentos que sostienen las acusaciones e inhabilitaciones planteadas, precisando que estas tienen que ver con el acto de inoculación de las vacunas por parte de los tres personajes mencionados y no con otros aspectos referidos a la compra y distribución de estos fármacos.
Condena generalizada
Durante el debate, el parlamentario Franco Salinas (AP) señaló que esta acusación e inhabilitación tiene por objeto “que nunca más alguien como Vizcarra pueda ejercer un cargo público”. “No merece volver a pisar este Parlamento ni como funcionario ni como ciudadano”, señaló.
A su vez, Carlos Almerí (PP), dijo que la sanción aplicada “no es una venganza política ni un golpe a la democracia”, sino “un acto legítimo”.
A su turno, Carlos Mesía (FP) señaló que Vizcarra conocía y sabía de las irregularidades en el manejo de las vacunas “de emergencia” enviadas desde China y que 3500 de ellas venían para personas que no tenían nada que ver con las pruebas que se hacían para comprobar su efectividad. “Cuando él pide vacunas para él y su familia, sabía que no eran las vacunas de prueba”, dijo.
Por su parte, Omar Chehade (APP) indicó que, en efecto, esta sanción es parte de un juicio político, pero ello es propio de las atribuciones del Congreso. “La naturaleza de este juicio es impedir que alguien indigno como él sea parte de nuevo del Estado”, indicó.
Carlos Fernández (FA) señaló que quienes defienden a Vizcarra “ponen sus intereses por delante”. En su opinión, la conducta del exmandatario “ha demostrado que el voto de la gente les interesa muy poco”.
Piden medidas radicales
Betto Barrionuevo (Descentralización Democrática), dijo a su turno que hay suficientes elementos para inhabilitar tanto a Vizcarra como a Mazzetti.
El representante de Somos Perú, Guillermo Aliaga, indicó, a su vez, que su bancada “no será partícipe de esta situación” y consideró que se trataba de un juicio político. También cuestionó que durante sus intervenciones, los demás parlamentarios hayan aludido a temas que nada tenían que ver con las acusaciones.
Por el Frepap, Jesús del Carmen Núñez dijo que la actitud de Vizcarra en el caso de su vacunación irregular no solo representa una infracción constitucional, sino también una mentira al país. En cuanto a Mazzetti, señaló que, al decir que se vacunaría al último, habiendo sido ya inmunizada, “mostró su frialdad ante el dolor humano” de las víctimas del covid-19.
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El congresista de UPP; Posemoscrowte Chagua, pidió a su vez que se informe si otros parlamentarios y funcionarios públicos también han sido vacunados fuera de orden. Por ello solicitó que la Mesa Directiva apure los trámites correspondientes para que se vea en el pleno este tema, encargado a una comisión especial.
El número mínimo de votos para que cada una de las inhabilitaciones fueran aprobadas era de 67, equivalentes a dos tercios del número de congresistas hábiles, sin considerar a los que forman parte de la Comisión Permanente, ya que estos habían votado en dicha instancia las acusaciones y pedidos de inhabilitación materia de este debate.
ANDINA- Video RPP- Congreso- ATV- Foto EFE