El pleno del Congreso de la República aprobó inhabilitar en el ejercicio de funciones públicas durante 10 años al parlamentario Freddy Díaz.
La decisión de la Representación Nacional fue aprobada con 77 votos a favor. Un parlamentario se manifestó en contra y cuatro se abstuvieron
A Freddy Díaz se le imputa la violación de los artículos 1, 2 y 39 de la Constitución, supuestamente infringidos al usar las instalaciones del Parlamento para ingerir licor y mantener relaciones sexuales.
Durante el debate, la congresista Heidy Juárez (no agrupada), consideró “un exceso” plantear la inhabilitación por 10 años de Díaz, señalando que este ya es objeto de una sanción de suspensión y de un pedido de detención preventiva por parte de la fiscalía. Dijo también que ha debido de analizarse “todos los medios probatorios que se han presentado” para aplicar una sanción justa en este caso.
Elvis Vergara (AP) consideró, por su parte, que el caso de Díaz resultaba complejo “por la presión mediática” existente para sancionarlo. Por su parte, Flor Pablo (IyD) consideró que el denunciado en efecto había faltado “a la honra y la ética” con su actitud, lo que ameritaba la inhabilitación.
Precisiones sobre la denuncia
A su vez, Kira Alcarraz (PP) dijo que debía tomarse en cuenta que la denuncia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Díaz no se refería a la supuesta violación a una trabajadora de su despacho, sino a que el parlamentario utilizó instalaciones del Congreso para fines lejanos a lo ético. “Esto no puede volver a ocurrir”, señaló.
La presidenta del referido subgrupo, Lady Camones (APP), ratificó la orientación de la acusación, señalando que esta obedece “al uso indebido de instalaciones del Parlamento”. Negó también haber dejado un espacio para una eventual reducción del período de inhabilitación.
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Ruth Luque (JP), por su parte, consideró que lo que el mismo Díaz ha reconocido haber hecho en la sede del Congreso es “un acto vergonzoso y repudiable”. En tal sentido, dijo que la sanción propuesta será un gesto de repudio político y propiciará que nadie más se atreva a repetir tales actos.
Desde el Bloque Magisterial, Jorge Marticorena, dijo que también debe ponerse atención en los demás congresistas que participaron en las acciones que derivaron en la denuncia contra Diaz. Patricia Chirinos, de Avanza País, señaló, por su parte, que el caso tiene que ver directamente con la actitud del denunciado de “usar el Congreso como un hostal y una cantina”.
ANDINA