Congreso limita la colaboración eficaz y aprueba ley que beneficia a investigados

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El Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que limita la figura de colaboración eficaz. El dictamen modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal.

La votación fue de 84 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. También fue exonerada de segunda votación con 81 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones.

En enero del 2022 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un dictamen que estableció diversos límites al proceso de colaboración eficaz, como para los casos de delitos comunes, en los cuales solamente podrá realizarse en un plazo de 8 meses; mientras que las investigaciones a organizaciones criminales tendrán un plazo de 16 meses.

Cabe resaltar que esta medida fue cuestionada por diversos órganos, tal y como la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

TS PL 565 (2) by Martin Calderón

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia calificó a este proyecto de ley como un “absurdo” porque “queda claro que el plazo de verificación de colaboración eficaz es el plazo del proceso”. “Es decir, qué sentido tendría poner un plazo de ocho meses cuando los procesos de colaboración toman un tiempo”, resaltó Vargas Valdivia

Explicó que una de las razones por las que no se fijan plazos en los procesos de colaboración eficaz es la naturaleza de los delitos. Además, uno de los riesgos que se desprende de esta propuesta es que se atentaría contra el procedimiento que le da, precisamente, validez a la información que se brinda. Sostuvo que fijar una cantidad de meses para conducir la colaboración eficaz terminaría por condenarla a inoperatividad.

“Los procesos de colaboración eficaz del caso Keiko Fujimori tienen por lo menos un par de años. La verificación implica una serie de actuaciones y diligencias. La fiscalía no solo tiene que investigar los hechos materia de la carpeta fiscal, sino realizar las investigaciones para corroborar la información. Cuánto dura, depende de cada caso. El plazo es el del proceso. Fijar plazos es ‘acorsetar’ para evitar la validez y la capacidad de uso de ese instrumento”. Luis Vargas Valdivia

Por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, coincidió con Vargas Valdivia al resaltar que no es posible fijar plazos ajustados, a los que también tendrían que adecuarse procesos complejos de corrupción o crimen organizado. Por tanto, la iniciativa legal apunta a desnaturalizar el procedimiento de colaboración eficaz.

“En la práctica lo que tenemos es una desnaturalización del instrumento de la colaboración eficaz que, como sabemos, es una de las principales herramientas con la que se cuenta para poder detectar y desbaratar estas redes de corrupción y crimen organizado”. Samuel Rotta

Rotta reiteró que la colaboración eficaz es un instrumento relevante para detectar y desbaratar redes criminales. Por tanto, que cualquier caso actual en curso o los que se puedan detectar se verían afectados con los cambios propuestos. “No olvidemos que incluso en Lava Jato y Cuellos Blancos hay todavía negociaciones en curso. El universo de casos que se verían afectados es enorme”, alertó.

Por último, consideró que se trata de “una jugada” del Congreso “muy peligrosa y cuyo resultado podría ser la desactivación de los casos y, por tanto, la impunidad de líderes políticos que están siendo investigados”.

La penalista Romy Chang, directora de la Maestría de Derecho Penal PUCP, dijo que este proyecto de ley no toma en cuenta que la corroboración de información, que es alcanzada por un aspirante a colaborador eficaz al Ministerio Público, no es un procedimiento rápido y no necesariamente se enmarcará en los plazos límite.

“Puede generar que muchos procesos de colaboración eficaz se terminen cayendo y, por tanto, el Ministerio Público no pueda usar la declaración de estas personas. A veces hablamos de actos de corrupción, reuniones, de levantar el secreto de las comunicaciones, corroborar información del extranjero y todo eso hace complicado el tema. Hace que no fluya el proceso de colaboración eficaz”. Romy Chang

El fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó su desacuerdo con el dictamen que modifica el proceso de colaboración eficaz y advirtió que los cambios afectan no solo las investigaciones por el caso Odebrecht, sino otros de criminalidad organizada.

Indicó que la iniciativa legislativa es muy perjudicial y rompe un esquema de legalidad que ha sido fructífero en las investigaciones en relación al acceso de la prueba.

«Con la aprobación de la norma podrían unirse voluntades para pactos de impunidad a fin de intentar de proscribir una herramienta que ha sido de gran utilidad porque confronta y perjudica intereses ilegales». Rafael Vela

Texto: Con información de La República, El Comercio y El Peruano

 

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