La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy lunes por voto en mayoría, la propuesta de destitución e inhabilitación por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según lo previsto en el informe que se aprobó previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La votación se desarrolló de forma individual para cada uno de los seis actuales integrantes de la Junta: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala y Guillermo Thornberry e Inés Tello.
La Comisión Permanente aprobó igualmente lo propio en el caso de Henry Ávila, quien renunció al colegiado.
Conforme al inciso d.6) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el Pleno da lectura a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la D.C. 373 contra miembros de la Junta Nacional de Justicia. pic.twitter.com/2HHriNIEzw
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 26, 2024
Luego, el órgano parlamentario estableció, igualmente por voto en mayoría, la propuesta para que la subcomisión acusadora del caso quede compuesta por Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el parlamentario Esdras Medina, quien elaboró el informe final.
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Ambos sustentarán y formularán las acusaciones correspondientes ante el pleno del Congreso, donde habrá una nueva votación del informe de la Subcomisión.
Antes, la defensa de los miembros denunciados ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente. Intervinieron Antonio De La Haza y Aldo Vásquez, presidente y vicepresidente de la JNJ, respectivamente.
De acuerdo con la denuncia constitucional, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia habrían interpretado la Constitución para permitir la continuidad de Luz Inés Tello Valcárcel en este organismo al superar los 75 años, sin considerar que el requisito de tener entre 45 y 75 años para ser parte de la JNJ.
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Agrega que los magistrados de la JNJ habrían solicitado a Servir opinión a fin de interpretar el requisito de los 75 años, con el mandato de cinco años para el ejercicio del cargo, previsto en la Constitución, prerrogativa que corresponde solo al Tribunal Constitucional (TC).
RG- Foto Andina