El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional 371 en contra del parlamentario Edgar Alarcón, en su condición de excontralor, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.
La representación nacional acordó apoyar la resolución legislativa que da a lugar a causa en contra de Alarcón, por 62 votos a favor, cero en contra y 13 abstenciones.
En dicha votación, tal como establece el Reglamento del Congreso, no participaron los miembros titulares y suplentes de la Comisión Permanente.
Como se recuerda, la denuncia constitucional 371 fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por actos cometidos en su condición de excontralor de la República.
Informe
Durante la sesión, la congresista Felicita Tocto presentó el informe final en contra de Alarcón, donde indicó que los fundamentos fácticos de la denuncia se precisa que la carpeta fiscal N.° 168-2017 se originó a consecuencia de información periodística propalada en diversos medios de comunicación nacional.
En estas informaciones se daba cuenta de presuntos actos irregularidades atribuidos al denunciado respecto de la adquisición entre 2002 y 2015 de más de 90 autos y camionetas de alta gama de las marcas Audi BMW y Jeep con la finalidad de realizar presuntamente actividades comerciales de compra de vehículos.
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Agregó que entre 2013 y 2015, cuando Alarcón era vicecontralor, adquirió nueve vehículos por un valor total de 182,550 dólares; sin embargo, no consignó tal información en sus diversas declaraciones, tanto la declaración jurada de ingresos bienes y rentas ante la Contraloría, como en las declaraciones determinativas de impuestos ante la Sunat.
Asimismo, explicó que en el 2013 adquirió cinco autos y en su declaración jurada registró bienes por 932,100 soles, no obstante, al año siguiente reportó lo mismo, sin dar cuenta de los otros vehículos que habría adquirido o las ganancias obtenidas por las ventas de estos.
Tocto Guerrero sostuvo que se tomó como fuente para el análisis declaraciones juradas omisas que dan a conocer ausencia de transparencia e irregularidades administrativas cuando fue contralor.
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