LIMA.- El cónsul de Perú en Roma, José Antonio García (centro), confirmó este miércoles que se ha puesto en contacto con la familia y la defensa de la peruana violada en Italia en 2015, para velar por sus derechos, después de la anulación de una resolución que absolvió a sus agresores.
El cónsul peruano dijo que el caso despierta el análisis de distintos sectores a raíz de la hoy anulada resolución de un tribunal italiano que justificó en 2017 la absolución de los presuntos agresores debido a que la víctima era «muy masculina», «fea» y poco atractiva para ser abusada sexualmente.
En entrevista con RPP Noticias, García confirmó que se ha puesto en contacto con la madre y la abogada de la víctima para «velar por el cumplimiento del debido proceso» en el nuevo juicio de apelación que se verá en la ciudad de Perugia.
Horas antes, la cancillería de Perú informó que el consulado peruano en Roma «viene asistiendo a la connacional y a su familia, asegurando su derecho de defensa legal, respetando su derecho a la privacidad y reserva del caso», a través de su cuenta en Twitter.
La peruana residente en Roma, de 22 años, denunció que fue víctima de violación por parte de dos jóvenes, también peruanos a quienes conocía, en 2015, después de haber sido dopada por ellos.
Los presuntos agresores, uno de ellos como cómplice, fueron condenados en primera instancia a cinco y tres años de prisión, pero fueron absueltos por un tribunal de apelación de Ancona en 2017.
Las magistradas del tribunal de apelación justificaron su resolución en que la víctima tenía un aspecto muy masculino, era fea y que no le gustaba para nada a los presuntos agresores, tal como ellos mismos habían expresado en su defensa.
La absolución, que generó la indignación y protestas de colectivos feministas en Italia, fue anulada el martes en Casación y el proceso de apelación deberá celebrarse de nuevo en la ciudad de Perugia.
El ministerio de Justicia de Italia anunció también que va a examinar la sentencia del tribunal de apelación de Ancona (centro) que anuló las condenas a los dos acusados por violación.
Para el fiscal general de Ancona, Sergio Sottani, que impugnó la sentencia, se debe evitar que «las palabras que se utilizan puedan constituir una forma más de violencia contra la mujer».
Además, rechazó que «la falta de atracción sexual del presunto violador por la víctima pueda representar un elemento en apoyo de la falta de responsabilidad».
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