El contralor Nelson Shack informó que más de 845 funcionarios públicos fueron imputados por responsabilidades administrativas, civiles y penales en el marco de la reconstrucción con cambios.
Sostuvo que, producto de estos casos, es que ha habido demoras en la respuesta rápida para la atención de la emergencia por lluvias, que inició en febrero de este año, y por ello no ha habido mayor gasto a nivel de los gobiernos nacional, regionales y locales.
El contralor indicó que estos dos últimos niveles de gobierno se han demorado mucho en actuar, salvo algunas excepciones, y que también se necesita mayor apoyo por parte del Gobierno Nacional para flexibilizar algunas normas.
“Con relación a todos estos funcionarios que han sido imputados con responsabilidades civiles, administrativas y penales, de los 845, unos 60, aproximadamente, están siendo procesados y serán sancionados o absueltos en los procedimientos de sanción de la Contraloría. Los otros ya corresponden al sistema penal y civil en el sistema de justicia, para que los procesen apropiadamente, así como en las propias entidades”, señaló Nelson Shack a RPP.
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“Pero, más allá de la sanción, lo que más nos preocupa ahora es qué es lo que se está haciendo para, por un lado, mitigar los efectos del (ciclón) Yaku, con los planes de rehabilitación y reconstrucción, pero por sobre todo la prevención ante el Fenómeno del Niño costero que va a venir en los próximos meses”, agregó.
De otro lado, el titular de la Contraloría sostuvo que dicha entidad no tiene competencia en los casos de recortes de sueldo por parte de congresistas, pero sí en otras denuncias que involucran al Parlamento, como las contrataciones de buffet y servicio de alfombrado, gastos de representación, entre otros.
Shack informó que ayer se han reunido con el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso y que en el mes de mayo se harán públicos los informes relacionados con estos casos.
ANDINA