Sería preocupante que el Congreso de la República pida al Ejecutivo que no acate la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso El Frontón, pues los organismos competentes evaluarían ciertos mecanismos para garantizar su ejecución, afirmó el abogado del magistrado Manuel Miranda y el constitucionalista, Samuel Abad Yupanqui.
“Lo que espero que no ocurra [en el caso El Frontón] es que el Congreso rechace y pida al Ejecutivo que no cumpla esa resolución, lo cual generaría una severa preocupación y, además, significaría que se evalúe por parte de los organismos competentes mecanismos para garantizar esa ejecución. Creo que a eso no debemos llegar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El constitucionalista dijo que, en este caso, el Parlamento puede disponer el cumplimiento inmediato de la resolución de la Corte IDH o en todo caso se podría pedir una aclaración a través del Poder Ejecutivo.
“Obviamente el Congreso no lo puede hacer [eso de pedir una aclaración a la Corte IDH], sino tendría que pedírselo al Poder Ejecutivo, para que a través de las procuradurías especializadas soliciten una aclaración, pero lo que queda claro es que por más aclaración que solicite, las decisiones se ejecutan”, argumentó.
Congreso podría no pronunciarse
No obstante, dijo que el Congreso también podría evitar pronunciarse sobre el tema, lo que significaría en la práctica, suspender el procedimiento de manera indefinida contra los magistrados.
“Otro supuesto que se pondría plantear que el Congreso no haga nada, no emita una opinión ni en favor ni en contra, y ocurra lo que ha pasado en diciembre, es decir en la práctica suspenda el procedimiento de manera indefinida, sin decir acato o no”, comentó.
“El presidente de la Corte emitió una medida en diciembre y eso trajo en consecuencia que el procedimiento esté paralizado, desde diciembre hasta la fecha. En consecuencia, es otra posibilidad que se podría plantear”, aseveró.