La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recordó hoy sobre sus fallos que estos son vinculantes y todos los poderes del Estado los deben acatar de “buena fe”.
Ello, en una carta que responde al documento enviado por Dina Boluarte y el entonces titular del Congreso, Alejandro Soto en la que “deploraron” una resolución que solicitó al Poder Ejecutivo del Perú no dar vigencia a la ley que restringe la figura de los crímenes de lesa humanidad.
La misiva, suscrita por la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, informa que es se trata de una respuesta a la carta remitida por las autoridades peruanas en rechazo a la resolución del pasado 1 de julio como parte de la supervisión del cumplimiento de la sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Conforme al derecho internacional, dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas”, establece el documento.
La Corte agrega que el Perú, como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la “obligación de cumplir las decisiones de la Corte IDH, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales”.
Dina Boluarte y Alejandro Soto enviaron el pasado 8 de julio una carta a Nancy Hernández como presidenta de la corte interamericana, en la que rechazaban la resolución que requirió al Estado peruano no adoptar, dejar sin efecto, o no otorgar vigencia a la norma, que promovía en ese momento el Parlamento y dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes de 2002.
Las autoridades peruanas aseguraron en la carta que el Perú es un país con sus propios mecanismos internos para controlar sus propias leyes.
“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte-IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, manifestaron Dina Boluarte y Alejandro Soto.
Nancy Hernández se mostró convencida de que el Perú encontrará cómo cumplir con sus obligaciones internacionales, especialmente lo dispuesto por la Corte IDH a fin de evitar que queden en la impunidad los crímenes de lesa humanidad, así como las graves violaciones a los derechos humanos por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Lo contrario haría ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, tanto ante el derecho internacional como ante el Sistema Interamericano”, argumentó.
La Corte IDH recuerda además que en su resolución del 1 de julio le otorgó al Perú hasta el 9 de agosto para informar respecto a los pasos tomados orientados a implementar sus disposiciones en torno a la ley sobre lesa humanidad.
La autógrafa se aprobó el pasado 4 de julio en la Comisión Permanente del Congreso.
Imagen: composición LR/Andina