La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Ecuador por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito en el año 1990.
La sentencia de la corte indica que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
El caso se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, la cual habría ocurrido en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos «Alfaro Vive Carajo» y «Montoneras Patria Libre».
El Estado de Ecuador durante la audiencia pública realizada en el pasado mes de enero había aceptado su responsabilidad internacional por la violación a los derechos del señor Garzón y su familia.
«El Tribunal concluyó, además, que el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado produce plenos efectos jurídicos. En todo caso, estimó necesario determinar en la sentencia los hechos ocurridos de acuerdo a la prueba recabada y a la luz del reconocimiento de responsabilidad», explica la sentencia.
Guzmán era un escritor que se encontraba escribiendo la tesis de su doctorado. También era tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la editorial «El Conejo».
El día de los hechos, Garzón, de 32 años en esa fecha, estuvo con un grupo de amigos en una discoteca, siendo este el último lugar donde fue visto. Su familia, al notar que no llegó a la casa, inició su búsqueda y acudió al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha para denunciar la desaparición.
La CorteIDH destacó que la Comisión de la Verdad de Ecuador documentó el caso de Garzón en su Informe Final «Sin verdad no hay Justicia» y calificó lo ocurrido como una desaparición forzada en la que «se presume la responsabilidad de la Policía Nacional«.
Luego de presentado el Informe Final en septiembre de 2011, se inició una indagación previa en relación con él. Posteriormente, en mayo de 2013, los familiares de Garzón interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación.
Sin embargo, el proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad.
En la sentencia el Tribunal internacional dispuso que «el Estado (de Ecuador) debe realizar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos y económicos adecuados, en la que realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de César Gustavo Garzón Guzmán».
Además, «debe continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada», cita el texto.
El fallo de la Corte establece reparaciones económicas por daño material e inmaterial a las víctimas.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia. EFE